Horas antes de que la brigada municipal de obras se trasladara, ayer, a Pinténs para ejecutar la orden de demolición de un muro ilegalmente construido, un auto judicial dejó en suspenso la medida. La decisión del juzgado de lo contencioso número 2 de Pontevedra responde a un recurso presentado por el propietario, que solicitó la adopción de medidas cautelares con carácter de especial urgencia al entender que el expediente de infracción urbanística ha prescrito. El juez ha convocado a las partes para hoy con el fin de fijar una decisión sobre el levantamiento, mantenimiento o modificación de la medida adoptada.
Las obras denunciadas y sobre las que pesa una orden de demolición consisten en "un cierre de 50 metros de longitud con bloques de hormigón y postes prefabricados hasta 1,90 metros de altura". En la medida cautelar adoptada no se cuestiona la ilegalidad de las obras, sino la posibilidad de determinar que la infracción haya prescrito, como sostiene el dueño de la finca, quien recuerda que el expediente de infracción urbanística se incoó "hace ahora ocho años". Añade que en el mismo "existe una inactividad por parte de la Administración, con una obra totalmente terminada en el año 2000, que produce una caducidad de la acción administrativa".
