Xunta y Ministerio de Fomento sufragarán a partes iguales el pago del peaje del tramo de la AP-9 entre O Morrazo y Vigo, al igual que el de A Barcala (en A Coruña). Ambas administraciones se comprometen a costear la gratuidad de Rande hasta el año 2048, fecha en la que termina la concesión de Audasa para explotar la autopista. La cantidad que pagarán el Gobierno gallego y el central dependerá de los tráficos que registren estos dos trayectos, aunque una estimación inicial apunta a unos seis millones de euros al año. La ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, anunció además en Santiago que el acuerdo con la Xunta para liberalizar el puente de Rande no modificará sus planes de construir una autovía alternativa a este recorrido entre Pontevedra y O Porriño. "No será de peaje", aclaró en relación a este vial, que se encuentra en fase de alegaciones.
Antes del verano se levantarán las cabinas en el tramo de la AP-9 entre Vigo y O Morrazo y se instalará un nuevo sistema técnico "de tanteo" para cuantificar el número de vehículos que pasan por Rande. La intensidad media de este trecho es de unos 50.000 vehículos al día y cuesta a cada usuario 80 céntimos. Sólo es gratis para los 15.337 titulares del bono-peaje, a quienes Xunta y Diputación costeaban el trayecto.
"Ésta es una solución universal y definitiva", destacó el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, tras reunirse durante cerca de una hora con la ministra de Fomento en Santiago. La decisión afectará a todos los vehículos que circulen entre Vigo y O Morrazo.
"Es una solución a un problema complejo que se creó con el anterior Gobierno", explicó Magdalena Álvarez que recordó que en el año 2000 el Gobierno del PP prorrogó la concesión a Audasa para explotar la AP-9 durante 25 años más, hasta 2048.
Después de varias conversaciones entre Xunta y Fomento, el acuerdo para la gratuidad de Rande se cerró ayer en Santiago. La intención de la ministra es levantar las cabinas de peaje "en el menor tiempo posible", pero recordó que antes están pendientes de varios trámites administrativos. Primero el Consejo de Ministros deberá autorizar la firma del convenio con el Gobierno gallego y después deberá aprobarse un Real Decreto que recoja las nuevas condiciones de la concesión de la AP-9 a Audasa.
Con la firma concesionaria ya se ha llegado a un acuerdo y ésta ha decidido rebajar en un 10 por ciento el coste que tendrá liberalizar Rande para las dos administraciones . Una empresa externa se encargará de auditar los tráficos que registre Rande para certificar que la compensación económica a Audasa es la correcta. Fomento calcula que el tránsito anual por Rande y A Barcala es de unos diez millones de vehículos.
