La última propuesta sobre asilo e inmigración, con reparto obligatorio de refugiados, generó una profunda división política en la UE de la que el club no se ha repuesto. El sistema migratorio no funciona y los Veintisiete han sido incapaces de recomponerlo durante estos últimos cinco años. Para superar este impasse, la Comisión Europea ha propuesto un nuevo pacto migratorio que propone agilizar los trámites de asilo y las expulsiones de inmigrantes irregulares y plantea un nuevo mecanismo de solidaridad a la carta, sin las polémicas cuotas, para evitar que el plan se estrelle de nuevo contra las resistencias de países como Hungría o Polonia, absolutamente reacios a acoger refugiados.
"Es hora de responder al desafío de gestionar conjuntamente la inmigración, con un equilibrio adecuado entre solidaridad y responsabilidad", defendió la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al presentar el pacto.
Un equilibrio que tendrán que encontrar ahora gobiernos y Parlamento Europeo en la negociación que arrancará las próximas semanas, que se augura muy complicada y que ya ha recibido las primeras críticas. "Es inaceptable que la nueva caja de solidaridad dé a los estados miembros la opción de evitar la reubicación facilitando el retorno de inmigrantes", lamentó María Nyman, secretaria general de Cáritas Europa, que teme un aumento de "devoluciones en caliente".
Bruselas propone un control más estricto en las fronteras exteriores, con una agencia Frontex con más medios y poderes, y procedimientos más efectivos y rápidos para determinar quién puede quedarse y quién debe ser expulsado. Según el nuevo plan, todas las personas que lleguen sin autorización -incluidas las rescatadas en alta mar- serán objeto de un examen acelerado -sanitario y de seguridad, incluida la toma de huellas y el registro en la base de Eurodac- en un plazo máximo de cinco días para determinar su identidad y si constituyen una amenaza para la seguridad o la salud pública.
La idea es comprobar de forma rápida quién tiene posibilidades de acceder al asilo y quién debe ser expulsado en un proceso que no deberá exceder las 12 semanas para evitar que permanezcan meses "en el limbo" europeo, aunque en periodos de crisis puede prolongarse ocho semanas más. El nuevo mecanismo también establece una jerarquía de criterios para determinar si otro estado miembro distinto al de entrada puede ser responsable de examinar la solicitud de asilo.
Además, para incentivar la aceptación por parte de los países terceros o de tránsito de sus nacionales, Bruselas propone negociar acuerdos a medida, utilizando como moneda de cambio la ayuda al desarrollo o la política de visados de trabajo o estudio.
El segundo gran pilar del plan es la creación de un mecanismo permanente de solidaridad a la carta que se activará en caso de crisis o presión migratoria y al que todos los socios, "sin excepciones", tendrán que contribuir. No habrá cuotas de asilo ni reubicación obligatoria. Bruselas renuncia a esta fórmula para evitar sobre todo el rechazo de Hungría, Polonia, Chequia y Eslovaquia.
A cambio de esta importante concesión, Bruselas propone lo que denomina "contribuciones flexibles". Esto significa que los estados miembros podrán negarse a acoger refugiados -los que sí lo hagan recibirán 10.000 euros por persona acogida del presupuesto de la UE- pero tendrán que ser solidarios de otra forma, asumiendo la responsabilidad de ayudar en la expulsión de inmigrantes irregulares sin derecho a permanecer en la UE o dando apoyo operativo, logístico y económico para financiar centros de recepción.
