La pesca de Irlanda exige más cuota: “Solo tenemos el 6%, pero el 12% de las aguas”

IFPO tacha de “insuficiente” la evalución de la Política Pesquera Común (PPC) planteada por Sinkevicius y reclama una “reforma urgente” ante el “declive terminal” de su sector

Pesqueros que faenan en Gran Sol en el Puerto de Vigo.

Pesqueros que faenan en Gran Sol en el Puerto de Vigo. / Marta G. Brea

La pesca española no es la única que ha dejado patente su malestar respecto a las políticas aplicadas en el seno de la Unión Europea a lo largo de esta última legislatura. En otros estados miembros donde esta actividad representa un activo esencial también se ha expresado en más de una ocasión el mismo descontento; y uno de ellos es Irlanda. Para los armadores del país gaélico, amparados bajo la Irish Fish Producers Organisation (IFPO), su sector se enfrenta a un “declive terminal” tras el severo impacto que, denuncian, ha supuesto el Brexit en términos de capturas y empleo costero en tierra. “Irlanda posee el 12% de las aguas de la UE, pero solo el 5,6% de las cuotas”, manifiesta el director ejecutivo de la patronal pesquera irlandesa, Aodh O’Donnell. A sus ojos, conforme acaba de expresar en un contundente artículo publicado por The Marine Times, “es necesario abordar este desequilibrio”.

Desde la entidad se responde así a la evaluación de la Política Pesquera Común (PPC) avanzada a finales de marzo por el comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius. El político lituano anunció la mencionada medida en una reunión informal de ministros de Pesca en Brujas, a escasos tres meses de que tengan lugar las próximas elecciones europeas, si bien para el organismo de productores de pescado más antiguo de la nación irlandesa “este proceso no tendrá valor legal”.

“Todavía nos estamos recuperando de los impactos del acuerdo Brexit en la captura y el empleo costero en tierra. La transferencia desproporcionada de la cuota del Brexit por parte de Irlanda está totalmente en desacuerdo con la disposición de igualdad de condiciones de la PPC”, valoró O’Donnell en este sentido. Conforme indicó, “una evaluación es insuficiente y se requiere una reforma urgente de la Política Pesquera Común, respaldada por un reequilibrio de la situación de las cuotas”. “Irlanda posee el 12% de las aguas de la UE, pero solo el 5,6% de las cuotas. Es necesario abordar este desequilibrio, o nos enfrentaremos a un declive terminal del sector”, zanjó.

En lo tocante a Galicia, cabe recordar que hay decenas de embarcaciones que faenan en aguas irlandesas de Gran Sol, como multitud de barcos de la Cooperativa de Armadores del Puerto de Vigo (ARVI) y también buques con base en municipios lucenses de amplia tradición marinera como Celeiro y Burela. La Irish Fish Producers Organisation exige una intervención “radical y temprana” para ganar mayores posibilidades pesqueras de cara a la nueva legislatura, algo que podría chocar con los intereses de los pesqueros gallegos.

“No es un compromiso”

“La escala internacional del sector se está erosionando y se están entregando oportunidades a nuestros competidores, que continúan creciendo y prosperando. Nuestros competidores abastecerán los valiosos mercados alimentarios de ultramar, con un volumen significativo de producto capturado en nuestras aguas, pero no por la flota irlandesa”, remarca O’Donnell. En cuanto a la medida adelantada por Sinkevicius, IFPO entiende que ese proceso “no actúa como un compromiso” para revisar la legislación actual, sino que se trata de un simple documento que recibirá el siguiente comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca. “Podrá optar por utilizarlo o ignorarlo”, sentencia.

Tras su anuncio, la evaluación Política Pesquera Común fue criticada ipso facto desde España por voces como el presidente de Cepesca, Julio Morón, o el gallego Iván López, presidente de la European Bottom Fisheries Alliance (EBFA). Sobre todo teniendo en cuenta que esta última legislatura se ha caracterizado por la implantación de distintas restricciones para la actividad pesquera, en muchos casos sin soporte científico válido y actualizado, como en el caso del veto a la pesca de fondo en las 87 áreas del Atlántico Norte.

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