Bruselas aprieta la soga sobre el arrastre y "arriesga" el abastecimiento de pescado

“No hay un arte de pesca que sea intrínsecamente malo o bueno. La Estrategia afectará al arrastre, pero no se prohibirá. Además, tenemos absolutamente claro que el arrastre comunitario es una parte importante de la industria pesquera”. Esta frase fue pronunciada por la directora general de Asuntos Marítimos y Pesca de la UE, Charlina Vitcheva, en una entrevista en el verano de 2020. Entonces, Bruselas acababa de publicar las líneas maestras de la Estrategia de Biodiversidad (EU Biodiversity Strategy), adelantadas por FARO, entre las que estaba la creación de un Plan de Acción que daba lugar a introducir “medidas para limitar el uso de los artes de pesca más perjudiciales para la biodiversidad, incluido en el fondo marino”. Esta frase, junto con otras valoraciones sobre el arrastre y la pesca, preocupó al sector entonces, pero lo hizo mucho más cuando se filtró su contenido a principios de año.

Bruselas vetará el arrastre de forma gradual hasta 2030 en el 30% de aguas comunitarias

El borrador señalaba explícitamente que la flota arrastrera tendría vetada su actividad en las áreas marinas protegidas (MPA, en inglés), cuya superficie será el 30% del mar comunitario de aquí a 2030. Y ayer, todos los temores se confirmaron. La Comisión Europea lanzó la comunicación oficial, tal y como estaba previsto, con la hoja de ruta marcada para establecer la prohibición, que si bien será gradual como figuraba en el borrador, deberá estar definida en el plazo de solo un año para áreas que cubrirán el 20% de las aguas de cada estado miembro. Una estocada al arrastre de la UE, que estima ahora un impacto directo a 7.000 buques.

El comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, tomó ayer la palabra en una rueda de prensa para presentar un paquete de políticas marítimas que incluye cuatro documentos, como anunció Vitcheva en visita a Vigo el pasado 17 de enero. Además del llamado Plan de Acción, se lanzó una evaluación de la Política Pesquera Común, de la que destacaron “sigue siendo el marco jurídico adecuado para abordar los retos” de la pesca; una evaluación de la Organización Común de Mercados de los productos de la pesca y la acuicultura, y una estrategia para la transición energética del sector pesquero comunitario.

De los cuatro textos, el Plan de Acción es el que más afecta al sector de la pesca y el que lo hace más a corto plazo, potenciando además el veto en 87 zonas para proteger los ecosistemas marinos vulnerables, en vigor desde el pasado 9 de octubre. Sus 24 páginas apenas distan mucho de las ya conocidas a través del borrador filtrado a comienzos de año, si bien ahora establece las fechas que faltaban por concretar entonces.

Al igual que aquel, se divide en varios apartados, dedicando el primero a reducir la captura de especies sensibles y mejorar la selectividad. Así, Bruselas apremia a los países a que para finales de este año adopten “medidas nacionales o presentar recomendaciones conjuntas a la Comisión para minimizar las capturas accesorias” de tortugas, aves marinas y otras especies en peligro, además de un plan de gestión para la anguila. Entre los citados figuran también los delfines, para los que los científicos del ICES recomiendan establecer una veda de cuatro meses al año para la flota arrastrera.

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La segunda parte de este apartado es la que hace alusión a la mejora de la selectividad, que fija que Bruselas pedirá este año un estudio al Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca (Stecf, en inglés) para una “evaluación de las tallas óptimas de los peces” a capturar o una recomendación sobre “la mejora de los artes de pesca”, cuyas aplicaciones se harán “para finales de 2024” a través de la adopción de normas de aplicación con arreglo al Reglamento de Medidas Técnicas.

Cierres

También este apartado figura la “reducción del impacto de la pesca en los fondos marinos”, la parte crítica del texto. Ahí, Bruselas deja la pelota en el tejado de los Estados miembro, a los que pide “recomendaciones conjuntas y adoptar medidas nacionales para eliminar gradualmente la pesca de fondo móvil en todas las AMP a más tardar en 2030 y no permitirla en ninguna AMP de reciente creación”.

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Para marzo de 2024, los países deben tomar medidas para vetar el arrastre en las zonas Natura 2000, así como presentar los planes para extender las AMP al 20% de sus aguas, en las que el arrastre tampoco podrá faenar. Además, deberán proporcionar un esquema general de cómo garantizarán “que para 2030 se haya eliminado gradualmente la pesca de fondo móvil en todas las MPA”. Por su parte, la Comisión supervisará el progreso de las recomendaciones conjuntas en los grupos regionales de los Estados miembro y apoyará el desarrollo y la adopción de soluciones destinadas a limitar los impactos de las actividades de pesca de fondo.

En la rueda de prensa, Sinkevicius aclaró que para marzo de 2024, cuando haya evaluado las medidas propuestas por los socios comunitarios, presentará una propuesta legislativa. Sin embargo, para ello avanzó que se realizará una evaluación de impacto en la que aseguró que se avanzará con “cautela” y respetando los principios sociales, económicos y medioambientales que garantizan la longevidad y la rentabilidad del sector pesquero. Algo que no sucedió con el veto en los 87 caladeros que supuso un golpe a la línea de flotación del palangre de fondo y que llevó a España (y a la flota de la OPP-7 de Burela) a presentar un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE).

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De igual forma, también dejó entrever que si no se cumplen estas instrucciones políticas, podría haber respuesta, pasando de la comunicación presentada a una legislación.

“Proponemos acciones concretas para restaurar los ecosistemas marinos y reducir el impacto de las actividades pesqueras en el medio marino, respondiendo así también a los compromisos asumidos por la UE en el histórico acuerdo alcanzado en la CP 15 de Montreal sobre un nuevo marco mundial para la biodiversidad”, destacó Sinkevicius, que también propuesto un nuevo Pacto para la Pesca y los Océanos como “nueva fase de cooperación para fomentar el entendimiento mutuo”.

Impacto

Como ya hizo en la propia Estrategia de Biodiversidad, Bruselas vuelve a definir al arrastre como “una de las actividades más extendidas y perjudiciales para los fondos marinos y el medio ambiente”, lo que ha vuelto a enervar al sector. Así, la patronal europea Europêche y la Alianza Europea de Pesca de Fondo (EBFA) lanzaron sus comunicados rechazando las medidas y cifrando su impacto.

Según la EBFA, que preside el vigués Iván López, están en riesgo el 5% de la producción de pescado de la UE y unos 7.000 barcos. “El mandato político es claro y deja a los Estados miembros en una posición extremadamente débil”, apunta López, que alerta que “dado que no se trata de una ley de la UE, los ciudadanos y empresas afectados no tienen derecho a acudir a los tribunales para protegerse del impacto desproporcionado del plan de acción, lo que les deja indefensos”.

La Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI), por su parte, estimó que Bruselas “sacrificará a corto plazo una parte de la flota y que se pondrá “en riesgo” el abastecimiento de pescado, abocando a la UE a “depender casi por completo de países terceros”.

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