Bruselas vetará el arrastre de forma gradual hasta 2030 en el 30% de aguas comunitarias
El borrador del Plan de Acción confirma lo temido por la industria y prevé iniciar los cierres para la pesca en un 20% de las áreas marinas protegidas en el plazo de un año
Arrastreros de Gran Sol amarrados este mes en el muelle de reparaciones de Bouzas. / JOSE LORES
El Plan de Acción para la conservación de los recursos pesqueros y protección de los ecosistemas marinos, enmarcado en la Estrategia de Biodiversidad de la Unión Europea, será tal y como temía el sector. El texto elaborado por la Comisión Europea, que se presentará el 21 de febrero pero que ya ha sido filtrado, contiene más vetos para la pesca de fondo y, en concreto, para la flota arrastrera, golpeada ya con las 87 zonas cerradas a la pesca desde el pasado 9 de octubre para proteger ecosistemas marinos vulnerables (cuyas siglas en inglés son VME). En concreto, los nuevos cierres se extenderán al 100% de las áreas marinas protegidas (MPA, en inglés), que para 2030 ocuparán al menos el 30% de las aguas comunitarias. Una prohibición que en principio empezará ya este año y que se aplicará de forma gradual en todas estas áreas a lo largo de los próximos siete años, en los cuáles Bruselas anima al sector a ser más selectivo, a diversificar y a innovar apoyándose en fondos europeos. Es decir, a dejar la pesca de arrastre y buscarse la vida como puedan.
La Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca (DG Mare), pilotada por Charlina Vitcheva bajo la dirección del comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, elaboró una comunicación de 26 páginas que presentará el próximo mes al Consejo y Parlamento europeos. El borrador al que ha tenido acceso FARO, si bien no es el texto definitivo, fuentes consultadas apuntan a que las líneas maestras de su contenido figurarán en el texto final, en línea también con lo trasladado por la propia Vitcheva en su visita a Vigo la semana pasada.
Charlina Vitcheva, en su visita a Vigo la semana pasada. / ALBA VILLAR
“Tenemos que intensificar urgentemente los esfuerzos a escala de la UE para invertir el declive de los ecosistemas marinos”, apunta la comunicación ya desde la introducción, en la que también recoge la Estrategia de Biodiversidad “exige a los Estados miembro que designen nuevas MPA y establezcan medidas de conservación para protegerlas eficazmente”. Una iniciativa en la que además la UE pretende “predicar con el ejemplo” a nivel internacional.
El texto se divide en un total de ocho puntos, siendo la introducción y las conclusiones dos de ellos. El segundo, titulado “hacia prácticas pesqueras más sostenibles”, se divide en dos: por un lado, en las “acciones para mejorar la selectividad de la pesca y reducir los efectos nocivos sobre las especies sensibles y sus hábitats”; por otro, “acciones para reducir el impacto de la pesca en los hábitats sensibles y, en particular, en el fondo marino”.
En el primer caso, Bruselas apremia a los países a establecer planes ya este año para “minimizar las capturas accesorias (o reducirlas al nivel que permita la plena recuperación)” de especies como aves, tortugas o cetáceos, señalando como ejemplo claro los delfines del Golfo de Vizcaya. Medida que, para 2030, quieren aplicar a “todas las especies en estado de conservación desfavorable o amenazadas de extinción y protegidas por la legislación de la UE”.
Junto a ello, lo primero que pide la Comisión es que los países designen aquellas áreas “sensibles” a proteger para posibilitar la recuperación de especies y “adoptar medidas de gestión de la pesca para aplicarlas sin demora”.
En esta materia, la Comisión se fija como acciones propias el fijar “límites para las capturas accesorias accidentales”, así como implementar medidas para reducir este tipo de pesca a través de actos de ejecución, figura empleada ya para el veto de las 87 zonas.
Vetos
La segunda parte de este apartado es la que cerrará más zonas de pesca al arrastre, que se vuelve a definir como “una de las actividades más extendidas y dañinas para los fondos marinos y sus hábitats” que, además, “también pone en peligro la sostenibilidad de la pesca y la disponibilidad de pescado a medio y largo plazo”.
Según el texto, los mares y sus sedimentos “son un importante sumidero natural de carbono” y una “alteración” de los fondos, como hace el arrastre, “afecta directamente a su capacidad de almacenamiento de carbono”. “Sin embargo, la biodiversidad de los fondos marinos puede recuperarse si se reduce la presión ejercida, por ejemplo, por la pesca de fondo móvil, lo que aporta importantes beneficios a los ecosistemas y a la sociedad, incluida la pesca”, asegura la Comisión.
El texto demoniza a la flota arrastrera: “Pone en peligro la sostenibilidad”
Así, el Plan de Acción pide a los Estados miembro que presenten “compromisos para la designación de nuevas zonas marinas protegidas” con el fin de llegar a ese 30% en 2030, “un tercio de los cuales deberá estar estrictamente protegido, indicando que en ellos estará prohibida la pesca de fondo móvil”. La medida, cuyo margen temporal fijado en el borrador se verá alterado en el texto final por los continuos retrasos en la publicación, se espera ya para este año, aunque será ampliada al siguiente. El arrastre será entonces “prohibido en al menos el 20% de las aguas marinas de cada Estado miembro”.
A partir de ahí, el texto recoge que los países deben “adoptar medidas nacionales y, en su caso, presentar recomendaciones conjuntas para eliminar progresivamente la pesca de fondo móvil [arrastre] en todas las MPA existentes”, así como en las áreas “de nueva creación, a fin de alcanzar el objetivo de eliminar progresivamente la pesca de fondo móvil de todas las MPA a más tardar en 2030”.
Por su parte, la Comisión se fija como objetivos facilitar y controlar la correcta creación de las áreas marinas, así como “apoyar el desarrollo y la adopción de soluciones innovadoras destinadas a limitar los efectos de las actividades de pesca de fondo”, para lo que se encargará un estudio de asesoramiento al Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES). Junto a ello, Bruselas se encargará de “evaluar los avances en la aplicación de las medidas” e incluso “estudiar si es necesario adoptar nuevas medidas para reforzar su aplicación efectiva”.
El Consello da Xunta analizó ayer los pasos a dar por la comunidad autónoma para acompañar al sector pesquero gallego en su recurso contra el veto a la pesca de fondo decretado por Bruselas en 87 zonas de aguas comunitarias y constató la necesidad de recurrir a juristas especializados en derecho comunitario para que sus demandas ante la Justicia europea tengan más posibilidades de prosperar. Invertirá 90.000 euros.
La Xunta –parte coadyuvante en el recurso presentado por la Organización de Productores Pesqueros de Burela (OPP-7)– defiende tanto la suspensión temporal de la aplicación de esta prohibición como su anulación definitiva, por lo que decidió contratar un servicio jurídico especializado para reforzar y apuntalar su estrategia y la de la propia OPP con el fin de conseguir los mejores resultados posibles. El plazo para que la comunidad pueda ejercer su potestad de actuar como parte coadyuvante será de seis semanas una vez que el recurso sea publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea.
"A partir de ese momento será fundamental actuar con celeridad y con una estrategia bien definida, por lo que se hace necesario recurrir a profesionales con experiencia en la materia y familiarizados con los procedimientos que rigen en las acciones ante los tribunales europeos”, apuntan desde la Consellería do Mar.
La Xunta ejercerá así la mejor defensa posible de sus intereses pilotando una acción que la Asesoría Jurídica General no puede ejercer por sí sola al precisar de medios destacados ante los tribunales europeos. La mediación de juristas especializados permitirá acercar los argumentos idóneos y articular mejor la defensa.
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