El Gobierno adjudica a Navantia la renovación de las tres patrulleras de pesca

Los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) adscritos al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, dedicaban solo 100 millones de euros para cumplir seis objetivos relativos a la pesca extractiva, un 10% del total, formado por 1.051 millones. De ellos, 18 millones fueron a par al Ministerio de Defensa con el objetivo de modernizar los buques de vigilancia pesquera Alborán, Arnomendi y Tarifa, construidos por el astillero vigués Freire Shipyard. Ahora, el Gobierno ha adjudicado a Navantia los trabajos por 18 millones de euros.

La Dirección de Gestión Económica de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada publicó la licitación el pasado agosto. Este sábado se produjo la formalización del contrato, sin desvelar cuál de los astilleros públicos se encargará de llevar a cabo el pedido.

Los barcos, operados por la Fuerza de Acción Marítima de la Armada, pertenecen a la denominada “clase Chilreu”, cuya primera unidad del mismo nombre fue fabricada en Gijón. A ella la siguieron las tres que ahora se actualizarán y que fueron construidas en Vigo por parte de Freire entre 1997 y 2003. De ellos, solo el Arnomendi está en Ferrol, ya que los otros dos tienen su puerto base en Cartagena. Entre sus labores principales están la vigilancia de la actividad pesquera tanto en aguas nacionales como en el exterior. Así, por ejemplo, la Arnomendi estuvo hasta julio en aguas del caladero de NAFO.

Aunque todo parecía apuntar a que sería de nuevo un astillero civil el que se encargase de estos barcos, finalmente el Gobierno apuesta por utilizar sus propios astilleros. Con la obra se extenderá la vida útil de las unidades durante 15 años más, ya que “no está prevista su sustitución a corto ni a medio plazo”.

Además de mejorar la habitabilidad y actualizar los sistemas de vigilancia, se realizará una sustitución completa de las plantas de aire acondicionado de los buques, la sustitución completa de las plantas frigoríficas y el recambio de las plantas osmotizadoras por otras de mayor capacidad de producción de agua potable.

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