El sector pide a Mar llevar ante la justicia los cambios en el reglamento de Costas

E Agade critica la importante “inseguridad jurídica” que genera el texto E Quintana augura que las empresas del litoral “van a tener problemas”

Un trabajador de una depuradora arousana. | IÑAKI ABELLA

Un trabajador de una depuradora arousana. | IÑAKI ABELLA / Adrián amoedo

Adrián Amoedo

Adrián Amoedo

La publicación en el BOE de la esperada modificación del Reglamento General de Costas por parte del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico sigue trayendo cola. Tras el análisis realizado en profundidad, el sector confirma los peores presagios y pide tomar medidas lo antes posible. En concreto, la patronal de depuradoras de marisco, Agade, urge a la Xunta y a los responsables de las otras regiones afectadas a llevar el texto ante la justicia. “Veremos cómo podemos también participar en esta situación”, explica su secretario general, Juan Maneiro.

El Real Decreto, al igual que la ley de Cambio Climático, pone fin a que las concesiones en el dominio público marítimo-terrestre se extiendan más allá de los 75 años, incluyendo todas las prórrogas, además de abrir la puerta a modificar de una forma más laxa los deslindes. “El sector está preocupado, porque es difícil compatibilizarlo con el mantenimiento de la actividad económica”, asume.

De hecho, insiste en que esto llevará a la paralización de inversiones o la deslocalización, como ya está sucediendo. “Nadie va a invertir en ampliar y mejorar en unas instalaciones en las que no tienen seguridad”, comenta Maneiro, que recuerda que el departamento que lidera Teresa Ribera “no recogió prácticamente ninguna alegación, solo las de carácter técnico y jurídico”.

De la misma opinión es la conselleira do Mar, Rosa Quintana. A su juicio, la industria que se encuentra en el litoral “va a tener problemas” con la nueva normativa. Sobre las concesiones, y pese a las decisiones judiciales favorables que se han ido dando en los últimos meses, considera que “ahora sí que ya se acabó”. “Algunos ayuntamientos van a perder zona municipal y toda la cadena mar-industria que se encuentra en el litoral entiendo que va a tener problemas”, critica Quintana, que avanza la posibilidad de presentar un recurso.

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