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Faro de Vigo

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El Gobierno ratifica en el Congreso su negativa a ampliar concesiones en el dominio marítimo-terrestre

PSOE, Podemos y BNG, entre otros, rechazan una modificación de la Ley de Costas que podría beneficiar a empresas como Ence

Fábrica de Ence en la ría. Gustavo Santos

El futuro de Ence en Lourizán se resolverá en cuestión de semanas en la vía judicial, en concreto en el Tribunal Supremo, porque la vía político-institucional sigue cerrada. El Gobierno central ha ratificado en el Congreso su negativa a permitir prórrogas de las concesiones de Costas como las de la fábrica de pasta de papel de Pontevedra. Este nuevo rechazo se registró en un debate surgido desde Cantabria y que abogaba por modificar la Ley de Costas para ofrecer “seguridad jurídica” a las empresas con concesiones en el litoral. La proposición de ley contaba con el apoyo del parlamento cántabro, así como de diputados por Cantabria del Grupo Parlamentario Popular, del grupo mixto y de Ciudadanos, junto con Vox y PDeCAT. PSOE y el grupo confederal de Unidas Podemos, junto con el BNG y PNV, votaron en contra.

En concreto, se solicitaba modificar la Ley de Costas con el fin de prorrogar las concesiones en dominio público marítimo-terrestre del litoral y permitir que puedan continuar las actividades económicas que actualmente se desarrollan en estos terrenos.

Durante el debate parlamentario, celebrado el pasado martes, el diputado del PSOE Pedro Casares, aseguró que aceptar esta modificación del articulado va en contra de la propia Ley de Costas, de la de Administraciones Públicas y de la Ley de Cambio Climático y apostó por analizar caso a caso pero con seguridad jurídica. “No podemos cambiar una ley para eludir el cumplimiento de sentencias firmes”, considera el diputado.

A su juicio, la proposición de Cantabria pasa por pensar “en grande o en pequeño”, en dibujar un futuro compartido o bien por pensar sólo en el hoy sin importar lo que ocurrirá mañana. Por ello, cree que es más importante que nunca luchar contra el cambio climático en la costa y ve una “tarea de todos” preservarla, protegerla y conservarla.

Además, el diputado del BNG Néstor Rego expresó su oposición a la petición de Cantabria que supondría que actividades que no están vinculadas al mar y tengan un impacto ambiental negativo puedan consolidar su ubicación en dominio público marítimo terrestre. Hizo mención específica a Ence, al igual que el diputado gallego de Unidas Podemos Antonio Gómez Reino, que no ve razonable modificar una ley que está pendiente del pronunciamiento del Tribunal Supremo respecto a la planta en la ría de Pontevedra.

Por su parte, el diputado de PdCat Sergi Miquel i Valentí comparte la necesidad “oportuna” de reformar esa ley. Durante la defensa de la propuesta procedente de la Cámara cántabra, el representante del parlamento autonómico, Pedro José Hernando, criticó el predomino de las posturas demagógicas ambientalistas del actual Gobierno.

En ese contexto, reclamó la búsqueda de la implicación de todos en la defensa del medio ambiente, tanto en la costa como en el interior y que la interpretación de la ley de costas sea “correcta y favorable” para todos. “Se trata de ordenar y regular respetando los derechos adquiridos porque no se puede vulnerar los derechos de los particulares”, precisó. De ese modo, instó a la Cámara a acceder a su petición para reformar fundamentalmente los artículos 32 y 66 de la de Ley de Protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley de Costas de 1988.

En el apoyo a la propuesta, la diputada de Ciudadanos María Carmen Granados criticó que el Gobierno y el PSOE se posicionan en la “cerrazón” en vez de en el diálogo y la prosperidad de sectores económicos. Así, advirtió de que de no modificarse esta norma están en riesgo miles de pequeños y grandes negocios y empleos en las costas de toda España y ha responsabilizado a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, de ser una “activista”.

Desde el PP, Diego Movellán, apoyó la iniciativa y recordó que en 2013 a los partidos que forman la coalición del Gobierno “no les gustó” la ley del Gobierno popular que nació con la voluntad de reforzar el ordenamiento y la seguridad jurídica y ve necesario aclarar el artículo 32 para acabar con la “incertidumbre” que generan las “artimañas” del Gobierno para tratar de cambiar las reglas del juego con una reforma encubierta de la Ley de costas a través de la Ley de Cambio Climático. En ese sentido, solicitó a los legisladores que den “ejemplo de cordura y responsabilidad”.

Desde Vox, el diputado Emilio Jesús del Valle acusó al Gobierno de dar una interpretación confusa y confiscatoria a la legislación vigente en materia de costas que pone en peligro la viabilidad de empresas y miles de puestos de trabajo.

El Puerto ultima la adjudicación del estudio sobre los terrenos

Cuanto empresas de ingeniería pugnan por hacerse con el contrato de asistencia técnica para el “estudio y definición de usos de posibles incorporaciones de superficies de dominio público marítimo-terrestre a la zona de servicio del Puerto de Marín”, es decir, el proyecto mediante el cual se pretende justificar la necesidad de incorporar los terrenos que ahora mismo ocupa Ence y los antiguos de Elnosa a la Autoridad Portuaria. La firma de ingeniería Estrada Port Consulting S. L. aparece con ventaja en los informes técnicos y económicos y la autoridad Portuaria ultima ya la adjudicación. En sus propuestas, las cuatro firmas plantean un plazo de ejecución de cinco meses del estudio tras su adjudicación. La licitación de este contrato trata de dar cumplimiento al acuerdo del consejo de administración del Puerto del pasado 25 de noviembre en el que se aprobó iniciar el expediente para incorporar como terrenos de utilización portuaria la parcela de Costas que mayoritariamente ocupa Ence (dado que también se quiere adscribir la antigua que correspondía a Elnosa). En ningún momento se cita expresamente a la fábrica de celulosas, pero el Puerto delimita este espacio en el ámbito que va entre el enlace de los viales PO-11, PO-12 y VG-4.4 (es decir, la rotonda de celulosas) a la EDAR de Placeres y la vía del tren con la carretera vieja hacia Marín. Se trata de un contrato de servicios, una asistencia técnica, para definir los posibles usos de estas superficies, justificando así que esta parcela pueda ser utilizada como zona logística del Puerto.

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