Más de 50 víctimas de malos tratos son protegidas por pulseras GPS, el dato más alto en quince años

El año 2023 cerró con el número de denuncias por violencia de género en Vigo y su área más alto del último lustro; concretamente 1.036 fueron las mujeres que interpusieron una denuncia contra sus parejas o exparejas por agresiones y malos tratos, denunciándose la mayor cifra de delitos desde que hay registros: 1.318; evidenciando que los maltratadores han cometido más de un ataque sobre ellas.

Estos datos no hacen sino poner de manifiesto que la lacra de la violencia de género se ha intensificado de un tiempo a esta parte, incluido la violencia de las lesiones y, por consiguiente, el riesgo para la víctima. Tanto es así que, tal y como muestran las estadísticas de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género – dependiente del Ministerio de Igualdad, la cifra de mujeres que cuenta con un dispositivo electrónico de seguimiento para protegerse de sus agresores es la más alta desde que hay registros (2009). A marzo de 2024, 53 mujeres de Vigo y del resto de la provincia conviven diariamente con una pulsera telemática o GPS para garantizar que su maltratador o investigado no rebasará la orden de alejamiento dictada por el Juzgado especializado en malos tratos en sentencia o como medida provisional durante la investigación de la causa.

Las víctimas de violencia de género repuntan hasta el millar en Vigo tras un lustro a la baja

Echando la vista tan solo un año atrás, en marzo de 2023, eran 37 los dispositivos activos que custodiaban la seguridad de las mujeres. En estos meses la cifra ha oscilado en varios casos pero fue este arranque de 2024 cuando se ha disparado hasta los 53 registrados al término del primer trimestre, el dato más elevado en los quince años que lleva activo este sistema de seguimiento. En total, y siempre según estas estadísticas, se han dictado un total de 239 medidas judiciales para que el agresor o investigado cumpliera con la orden de alejamiento desde 2009.

Efectividad

¿Se trata de una medida efectiva? A tenor de las estadísticas, ya que hablamos de la cifra más elevada desde su implantación, la respuesta debería ser sí. Pero abogadas especializadas en la materia ponen en duda su finalidad, al menos en última instancia. Ejemplo de ello es la letrada Ana María García Costas.

Esta profesional reconoce que se han detectado decenas de incidencias con ellas, si bien no duda en señalar que es la laxitud de las penas ante su quebrantamiento lo que peor juega en contra de estos dispositivos, que al final, más que proteger mantienen “en tensión” a la víctima. “La pulsera se quita fácil, yo he tenido un caso de un agresor que se la quitó 3 o 4 veces; también en ocasiones pueden dejarla sin cargar... Todo esto implica un nuevo delito de quebrantamiento. Pero son penas mínimas, en concreto una multa. Y al agresor, por una multa, se juega el acercarse a la víctima. Pienso que, en este aspecto, se debería ser un poco más diligente”, recalca la abogada.

Tiempo de espera

Igualmente, también aborda el “mal” funcionamiento de estas pulseras o incluso la demora en la atención a la mujer cuando la alarma del dispositivo salta. “Una chica me llegó a decir que desde que le sonó la alarma o alerta hasta que acudieron a darle la atención pasaron más de 20 minutos; porque fue un fallo en el sistema, sino el agresor podría haberse acercado a ella sin problema”, cuenta, preocupada, Costas, que reconoce que se trata de una medida más de prevención que de eficacia y que suele ser demandada por la Fiscalía.

Violencia sexual

En la ley del “solo sí es sí”, de garantía integral de la libertad sexual, se hace referencia a la protección a la víctima con este sistema en su artículo 45.2: “En el mismo sentido, a través de las unidades especializadas, se deberá vigilar y controlar el cumplimiento exacto de las medidas acordadas por los órganos judiciales encaminadas a la protección de la víctima a través de la vigilancia de los investigados o condenados o el control de localización a través de dispositivos telemáticos de control del cumplimiento de penas y medidas de seguridad de alejamiento, cuando su utilización sea acordada mediante resolución judicial”.

Suscríbete para seguir leyendo