Más de dos años de espera por una residencia que deberían dar en tres meses

Es su segundo hijo, así que les fue fácil darse cuenta a sus 17 meses que “algo no iba bien”. Cecilio García Ramos cuenta que les dieron un diagnóstico, por aquel entonces, hace 25 años, aún desconocido: trastorno del espectro autista (TEA). En Autismo Vigo los arroparon y guiaron y, desde 1999, su hijo Andrés está a tratamiento. Tiene un grado III de dependencia y una discapacidad del 75%. Según un informe forense, tiene déficits persistentes en la comunicación e interacción social. Es capaz de pedir lo que necesita o lo que quiere, pero no tiene conversación ni expresa sentimientos. “Dada la gravedad de la sintomatología, el paciente requiere un apoyo muy elevado”, especifica.

Aunque quisieron enviarlo a un centro de educación especial, por empeño de la familia, se mantuvo en Carmelitas hasta los 18 años y, luego, en Saladino Cortizo hasta los 21. Lo máximo que podía. A partir de ahí, buscaron un centro de día. Andrés lleva muy mal el cambio en sus rutinas y, como sabían que, “tarde o temprano”, necesitaría residencia, escogieron el de Castro Navás de la Fundación Menela porque le permitía esa continuidad llegado el momento.

El resto del tiempo, era su madre su cuidadora. Incluso,al inicio de la ley de dependencia –cuyo reconocimiento tramitaron desde un inicio– pudo cotizar como tal.

Su mujer sufrió en mayo de 2022 un derrame cerebral que acabó con su vida. Fue entonces cuando Cecilio solicitó un cambio en el Programa Individual de Atención (PIA) solicitando plaza residencial terapéutica en vez de centro de día, y se la concedieron. La resolución es del 25 de mayo de 2025 y especifica que el acceso “debe producirse en un plazo no superior a tres meses”. Este sábdo se cumplen dos años y aún no ha entrado. Se encuentra en el puesto 20 para un Programa de Asignación de Recursos residenciales y en el 7 para el centro de su preferencia, el de la Fundación Menela. Desde esta institución cuentan que tienen 55 plazas, todas concertadas y cubiertas. En toda Galicia solo hay 169 concertadas públicas conatención específica para personas con autismo.

En este tiempo, Cecilio ha tenido que dejar de trabajar. Llevaba 37 años de carrera en una multinacional francesa. Cuando se enteraron de lo sucedido le facilitaron las cosas. Primero, para una baja. Pero cuando la situación ya era insostenible y viendo que no llegaba la plaza para Andrés, llegaron a un acuerdo de prejubilación anticipada que no es habitual en la compañía. “Tuve que dejar de trabajar y, ahora, no hay vuelta atrás”, lamenta. Además, reprocha que haya tenido que ser la “buena voluntad” de la empresa en la que trabajaba la que cubriera “las carencias de la Administración”.

Cecilio no es de los que se quedan de brazos cruzados. Habló con la Jefatura Territorial de Política Social, que le propuso que pidiera una libranza, en vez de la residencia. Pero la cuantía de esta ayuda no da para pagar una plaza –de alrededor de 2.500 euros al mes– ni un cuidado en casa. Acudió a la Fiscalía con su situación y acabó en la Valedora do Pobo.

¿Qué pasa cuando el paciente de salud mental se hace mayor?

María Dolores Fernández Valiño, apremió a Política Social a darle solución. La consellería respondió que su previsión es “incrementar el número de plazas concertadas para dar servicio a la demanda existente a la mayor brevedad posible y en la medida en que la disponibilidad presupuestaria así lo permita”. La Valedora le urgió concreción en estos planes, pero en su respuesta la Xunta se limitó a hablar de 166 plazas nuevas para personas con discapacidad. “No se concreta el aumento de plazas de atención específica en el área de Vigo”, reprocha y anuncia que incluirá su caso en el informe anual remitido al Parlamento.

Desde la Xunta en Vigo sostienen que el acceso se concede por riguroso orden de puntuación. Insisten en la cifra de 166 nuevas plazas en residencia y centros de día que se crearán e indican que también hay bono cuidado y respiro familiar. “Hay que seguir mejorando, pero para eso es fundamental que el Gobierno central cumpla la Ley de Dependencia y financie el 50% que le corresponde y no solo el 30%, como hace ahora”, señala.

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