Rebelión vecinal contra los pisos turísticos: veto o subida de cuotas para ponerles freno

En Vigo hay ya más de 1.200 pisos turísticos. El bum de este tipo de viviendas ofrece una alternativa habitacional a los visitantes, que pueden elegir entre una gran variedad de opciones a la hora de alojarse. Pero pocas veces se piensa en el efecto que estos alquileres vacacionales tienen en las comunidades de propietarios en las que se ubican. Por ejemplo, la preocupación por la seguridad al entregar las llaves del portal a personas diferentes cada semana o incluso cada día, los ruidos ocasionados por el trasiego de turistas con maletas y el uso excesivo de instalaciones comunitarias. Es por eso que en Vigo está empezando a producirse una auténtica rebelión vecinal para poner freno a los apartamentos vacacionales.

Es más, es lo que están haciendo muchas comunidades de propietarios de edificios que acaban de constituirse. Por ejemplo, en la primera junta de vecinos del número 15 de la calle Jacinto Benavente, una de las primeras medidas que se planteó fue prohibir que cualquier vivienda se destinase a uso turístico, una medida que está sujeta a ratificación final. En otros casos ya está aprobada, para lo que es necesario incorporarla a los estatutos de las comunidades tras haber pasado por notario y posteriormente inscribirse en el Registro de la Propiedad.

El problema, tal y como apunta la gerente y abogada del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia, Ana Carrión, es que la ley de propiedad horizontal recoge que se puede plantear la limitación de pisos turísticos y el establecimiento de unas condiciones, pero no se refiere a la prohibición. “Es decir, si un propietario que quiere utilizar su piso como turístico denuncia el acuerdo de veto, un juez le puede dar la razón”, asegura la letrada. Pero también existe doctrina favor de la prohibición, por lo que las dudas jurídicas en este ámbito son numerosas. Y obviamente, si un propietario tiene ya un piso turístico y se demuestra que las molestias a los vecinos son elevadas, con destrozos del mobiliario común por ejemplo, la prohibición sí tendría una justificación jurídica total.

Por eso, para hacer frente a los alquileres vacacionales, otras comunidades de vecinos apuestan por limitarlos, lo que sí recoge la ley de propiedad horizontal, estableciendo unas condiciones limitantes para los propietarios que quieran destinar sus pisos a tal uso. Entre ellas, por ejemplo, haciéndoles pagar un 20% más de cuota de comunidad y aportar más a los diferentes gastos comunes, además del sometimiento a un régimen interno dentro de la comunidad de vecinos, vías a las que se puede sumar la obligación de suscribir pólizas de seguro de daños para los causados por los inquilinos en elementos comunes o la advertencia directa a los ocupantes de que deben cumplir unas normas.

A petición de un comunero o por iniciativa del administrador, se convoca una junta para abordar el asunto. En la votación se fija un quórum de “voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación”, según señala la Ley de Propiedad Horizontal. El acuerdo provisional ha de quedar recogido en un acta que se notifica a los ausentes en la junta con un plazo de 30 días para que se opongan si lo consideran. Superado este tiempo y recogidos los posicionamientos a favor o en contra se emite una nueva acta para comprobar si con los no opuestos se llega a los 3/5 de quórum y luego se envía otra notificación.

El acuerdo adoptado respecto a medidas de limitación o condiciones del destino a alquiler vacacional debe inscribirse en el Registro de la Propiedad.

El Concello también estudia limitar las viviendas vacacionales

Una de las medidas que “estudia” el Concello en materia de vivienda es “limitar nuevas actuaciones de pisos turísticos”, que cobran cada vez más peso en el sector de los alojamientos. La limitación de este tipo de propiedades es una de las demandas del recién configurado Sindicato de Inquilinas de Vigo-Tui-BM (Baixo Miño) para reducir los precios del alquiler. A nivel gallego, Vigo es la segunda localidad con más viviendas turísticas registradas –1.278–, solo por detrás de Sanxenxo, que agrupa casi 2.700.

La Asociación de Vivendas Turísticas de Galicia (Aviturga) defiende que este tipo de alojamientos no son el problema de acceso a la vivienda, sino las casas y pisos vacíos: en Vigo, unos 20.000. Y el Concello también actúa en este sentido. Ya ha aplicado el recargo en el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) a las propiedades desocupadas, acción permitida por la nueva ley estatal.

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