Una viguesa logra desvincularse de su empresa y cobrar 44.250 euros

No es lo más común tener que acudir a los juzgados para desvincularse de una empresa; lo habitual es recurrir a la Justicia tras un despido para intentar lograr una readmisión o, al menos, una indemnización. Pero a veces los trabajadores se ven abocados a denunciar a su compañía para poder marcharse sin renunciar a sus derechos.

Es la vía que tomó la empleada de un empresa radicada en Vigo, Peixes e Mariscos Recho S. L., que tras casi 23 años de trabajo ininterrumpido ha logrado que una jueza pusiese fin a la relación laboral. Contra la sentencia, fechada en el 8 de marzo, cabía recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. ¿Y por qué la trabajadora quiso marcharse? Porque acumulaba meses sin cobrar su salario.

La titular del Juzgado de lo Social Nº 3 de Vigo ha determinado que dejar de abonar hasta 10 nóminas íntegras supone una "justa causa" para extinguir el vínculo contractual. La sentencia esgrime que el hecho de que la firma atravesase por problemas económicos no anula el derecho de la trabajadora a desvincularse conservando todos sus derechos. "Lo que permite la extinción (...) es la gravedad en el incumplimiento y no la posible culpabilidad de la empresa", argumenta.

Cálculo de la indemnización

Los problemas con las nóminas empezaron ya en 2019, cuando la empleada comenzó a cobrar con retraso y de manera parcial. La situación se agravó en mayo de 2022, mes a partir del que ya no ingresó nada. La demanda la interpuso en octubre, y hasta la celebración del juicio este mes de marzo se acumularon las deudas hasta los 13.766,65 euros.

La sentencia obliga a la empresa a pagarle esa cantidad más una indemnización de 30.490,40, lo que alcanza una suma de 44.257,05 euros. La extinción del contrato se aborda como un despido improcedente, por lo que genera derecho a indemnización. Entre 2005, cuando empezó a trabajar en la empresa, y 2012, año de entrada en vigor de la reforma laboral de Mariano Rajoy, la compensación asciende a 3,75 días por cada mes trabajado. Desde entonces, bajó a a 2,75 días por mes, según los cálculos de la jueza.

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