“La gente solo quiere esa sidra. Todos los vecinos queremos esa sidra y las personas de fuera vienen expresamente a por esa sidra”. Patricia Otero Carrera, vocal de la Entidad Local Menor de Bembrive, se expresó este miércoles así de tajante en el juicio que sentó en el banquillo al actual alcalde de esta pedanía viguesa, Marcos Castro González, al que la Fiscalía acusa de un delito continuado de prevaricación por supuestamente adjudicar a dedo el suministro de esta bebida en la fiesta que desde hace 24 años, cada primer fin de semana de octubre, se celebra en la parroquia. El regidor, que afronta 13 años de inhabilitación para empleo o cargo público, defendió en la Sección Quinta de la Audiencia de Vigo la legalidad de su actuación. Su abogado, que pide la libre absolución, sostiene que la entidad solo actuó como “intermediaria” entre los vecinos y la empresa asturiana a la que desde hace más de dos décadas le compran la sidra, sin que se produjese enriquecimiento ni perjuicio alguno.
Marcos Castro tomó posesión como alcalde de la entidad menor en julio de 2019. La fiscal le acusa de adjudicar “directamente” y a sabiendas de su “ilegalidad”, sin seguir el procedimiento legal, el suministro de la sidra a la empresa Angelón en ese 2019 y 2020. Un gasto que durante esos dos ejercicios ascendió a 250.000 euros. Lo que explicó el acusado es que esos años decidieron poner a disposición de los parroquianos la cuenta bancaria de la entidad para que hicieran allí los ingresos para adquirir la bebida. Con esa reserva, después se les entregarían las cajas compradas por cada uno. “Era para ayudar a los vecinos”, explicó, ya que en ediciones anteriores había habido “problemas” de personas que habían pagado y se habían quedado “sin el dinero y sin las botellas”, por lo que se consideró “correcto” usar la cuenta de la pedanía.
Procedimiento
Sobre el procedimiento a seguir para que ese dinero entregado por los vecinos llegase a la empresa asturiana, Castro relató que, como acababa de llegar a la entidad – “éramos novatos”, describió–, le preguntó a la interventora: “Nos explicó el procedimiento, nos dijo que había varias opciones y levantar los reparos [que ella puso] era también una opción legal”. “No se usaron fondos de la entidad”, aclaró, ahondando en que todo el dinero que abonaron a la empresa y que consta en las facturas fue el ingresado por los particulares. El fin, insistió, no era otro que “colaborar” con los vecinos, convertirse en una “vía de ayuda” para ellos. De hecho, enfatizó, él mismo ayudó a descargar las cajas de sidra que les iban suministrando. “Estuvimos un mes, tuve que tomarme antiinflamatorios por los dolores”, señaló. A preguntas de su abogado, Tomás Santodomingo, concluyó su declaración incidiendo en que adquirieron la sidra a la misma empresa que la ha servido durante los 24 años que lleva la fiesta porque es la que “quieren” los vecinos. “Menudo motín si se la comprábamos a otra...”, resumió.
La defensa aportó una pericial económica cuyo autor, Julio César Calvo Malvar, explicó que una entidad local como la de Bembrive no puede dedicarse a la compraventa de bebidas. “Esa es una actividad empresarial”, indicó, por lo que la pedanía, en este caso, actuó por cuenta de “un tercero” y “no procedía”, como sostiene la Fiscalía, hacer una licitación pública. La cuenta de la entidad bancaria, argumentó, era meramente un “puente” entre los vecinos y la empresa de la sidra. “El error”, afirmó, es que las facturas de pago “estuviesen a nombre” de la entidad menor. Deberían haber estado a nombre de la “comisión de fiestas”.
La interventora
Un testimonio clave en el juicio fue el de la interventora de la entidad menor, Patricia Alvarellos. En la línea de lo que sostiene la Fiscalía, afirmó que, dada la cuantía económica de la que se trataba, no fue correcto adjudicarla “verbalmente” a una empresa “determinada” como se hizo. “La compra de la sidra fue un contrato administrativo para un evento festivo”, dijo. “Se tendría que haber seguido un proceso de licitación pública; el procedimiento legal debería haber sido el previsto en la ley”, insistió esta mujer, que puso 17 reparos suspensivos a las facturas, una por exceder el umbral de la contratación menor –los 15.000 euros– y el resto por el fraccionamiento del “objeto contractual”.
