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Otro juicio contra el alcalde pedáneo de Bembrive... pero contra el actual

Marcos Castro, que se declara inocente, afronta 13 años de inhabilitación acusado de adjudicar a dedo el suministro de sidra para una fiesta | Su predecesor, Roberto Ballesteros, fue condenado tres veces por prevaricación

El actual alcalde pedáneo de Bembrive, Marcos Castro Cristina Graña

El devenir de la Entidad Local Menor de Bembrive parece estar ligado a los tribunales. Sonado fue el caso de su exalcalde pedáneo Roberto Ballesteros, que sumó tres condenas por prevaricación y otros delitos cometidos al frente de esta institución. De hecho, una de estas sentencias, la primera, derivó en 2018 en su dimisión. Y ahora es el actual regidor de esta pedanía, Marcos Castro, que ocupa el cargo desde 2019, el que deberá sentarse en el banquillo. La Fiscalía lo acusa de un delito continuado de prevaricación y solicita que se le inhabilite durante 13 años para empleo o cargo público por supuestamente adjudicar a dedo el suministro de sidra para la fiesta que se celebra en dicha parroquia viguesa.

“Llegado el momento defenderé mi inocencia; soy inocente, solo trabajo por y para los vecinos; ahí está mi gestión para quien quiera verla, no tengo nada que ocultar”, afirmaba este miércoles a FARO Marcos Castro en relación con este procedimiento pendiente de juicio y con origen en una denuncia anónima.

El fiscal relata en su escrito de calificación provisional que el actual alcalde pedáneo, “actuando con la intención de atentar contra los principios de transparencia y libre concurrencia” y a sabiendas de su “ilegalidad”, adjudicó “directamente” a una empresa durante los años 2019 y 2020 el suministro de bebida para la fiesta de la sidra. Lo hizo, indica, “sin cumplir el procedimiento legal para contratos de suministro superiores a 15.000 euros”.

250.000 euros de gasto

El gasto ascendió a 120.000 euros en 2019 y a 130.000 en 2020. Según el Ministerio Público, el acusado fraccionó el abono de estas cuantías en casi una veintena de facturas, algunas de las cuales incluso superaban esa barrera de 15.000 euros. “Tras presentar la factura a la interventora para su abono”, prosigue, “ésta formulaba de forma continua reparo suspensivo por tratarse de una adjudicación verbal sin base en contrato administrativo”. También lo hacía, se añade en el escrito del fiscal, por no someterlo a fiscalización previa y por “prescindir totalmente” del procedimiento establecido. Pese a ello, concluye, el encausado presuntamente levantó dichos reparos suspensivos y ordenó los pagos.

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