“Saboteó durante al menos seis meses los trabajos de investigación del Equipo contra el Crimen Organizado (ECO) de la Guardia Civil de Galicia, en el que se encontraba integrado, y puso en grave riesgo a sus compañeros y a los confidentes de dicho equipo. Es difícil imaginar un daño mayor a la Guardia Civil como cuerpo de seguridad del Estado en la persecución del delito. El grave daño a la Administración no puede ser más evidente”. Así de contundente se pronuncia el Tribunal Supremo en una sentencia en la que ratifica la resolución del Ministerio de Defensa que impuso la sanción disciplinaria de separación del servicio a uno de los dos guardias civiles condenados por dar “soplos” a narcotraficantes.
El agente, condenado en Pontevedra en 2018 a 3 años de prisión por estos hechos, estaba destinado en el ECO Galicia cuando se hizo con información relevante de diferentes operaciones antidroga en marcha para facilitársela al otro guardia civil sentenciado, que a su vez la filtraba.
Debido a estos graves hechos, el ministerio impuso al agente la máxima sanción, la separación del servicio. El condenado recurrió esta decisión administrativa, para que el castigo fuese minorado, y ahora la Sala de lo Militar del Supremo desestima su recurso y confirma la resolución de Defensa, dictada en enero de 2021 después de que la sentencia penal por estos “soplos” adquiriese firmeza.
El comportamiento mostrado por el agente, destacan los magistrados, es del todo “incompatible” con la condición de militar y en especial con la de miembro de la Guardia Civil. Las filtraciones realizadas frustraron “el curso de investigaciones judiciales secretas de narcotráfico”, obstaculizando el seguimiento de los investigados “o habiéndose impedido la detención de estos”.
