María –nombre falso para proteger su identidad– recibía todos los meses una pensión compensatoria que debía abonarle su exmarido. Pero el hombre, enterado de que la que había sido su esposa tenía una nueva pareja con la que hacía vida en común, presentó una demanda para que lo liberasen de dicho pago. En el juicio debía acreditar la existencia de esa relación de convivencia marital, requisito para que se declarase extinguida la asignación. Así que su abogada aportó un informe realizado por una detective privada que a lo largo de varios meses realizó un seguimiento de la mujer y de su compañero sentimental. La investigadora comprobó que el hombre entraba en el domicilio de ella con “su propia llave y la del garaje” y, en una llamada telefónica en la que se hizo pasar por una repartidora, él le dijo que residía en dicha casa. También telefoneó a la mujer, simulando una encuesta por la pandemia del COVID, contestándole su interlocutora que “su pareja” vivía con ella. Pues bien, el informe de la detective, junto a su declaración en sede judicial, resultó clave para que la Audiencia de Vigo diese la razón al demandante y declarase extinguida la pensión. Su investigación “corroboró” la convivencia alegada.
Este caso sobre el que recayó recientemente sentencia no es una excepción. El uso de detectives para aportar pruebas a un juicio es bastante habitual. En los pleitos derivados de divorcios que se dirimen en los juzgados de Familia estos profesionales privados entran en escena en casos como el citado de pensiones compensatorias, en los de vivienda familiar –la convivencia estable con una nueva pareja también conlleva la pérdida del derecho de uso del inmueble– y en ocasiones en los de pensiones de alimentos a hijos mayores de edad o en litigios de guarda y custodia. Un ejemplo de este último supuesto es una sentencia también de la Audiencia viguesa que revocó una custodia compartida, para otorgársela en exclusiva a la madre, al acreditarse la “dejación” del padre hacia su hija. Había más pruebas, pero entre ellas se valoró la del detective, que, en las vigilancias al hombre, solo lo vio en una ocasión ir a buscar a la niña al colegio. El resto de las veces fue siempre el abuelo paterno, que también era quien acompañaba a su nieta al parque a jugar.
También en los juzgados civiles ordinarios están acostumbrados a los informes de detectives privados. “Donde más intervienen estos profesionales es en los litigios de accidentes de tráfico”, explica el abogado vigués Carlos Borrás. Las compañías de seguros acompañan con frecuencia sus demandas con las pesquisas realizadas por investigadores para acreditar, por ejemplo, fraudes en siniestros. ¿Un caso real? El de un joven que, tras sufrir una salida de vía en un camino forestal cuando iba al volante de un Citroën C5 acompañado de un amigo, dijo que el conductor era en realidad su padre. Así, simulando ir de acompañante, se aseguraba una indemnización, que ascendía a casi 5.000 euros, por las lesiones sufridas. Pero se quedó sin ese dinero al probarse que él era el piloto. Una agencia de detectives realizó un informe con esta conclusión tras entrevistarse con el padre, el hijo y el amigo, y realizar una inspección del vehículo y del lugar del siniestro.
Y los detectives también adquieren protagonismo en los tribunales de lo Social. En pleitos de despidos o de bajas laborales que se extienden en el tiempo, ejemplifica el letrado Tomás Santodomingo. Lo cierto es que, ya a modo general, la propia Ley de Enjuiciamiento Civil admite como prueba en los procesos judiciales los informes de “profesionales de la investigación privada” que estén “legalmente habilitados”. La jurisprudencia del Tribunal Supremo así se ha pronunciado también. “Estos profesionales pueden resultar muy útiles de cara a valorar la viabilidad de una demanda y para acreditar hechos relevantes difíciles de evidenciar de otra manera”, resumen varios abogados.
Vigilancias, fotografías, entrevistas, rastreo de redes sociales o uso de señalizadores “físicos”
Seguimientos con vigilancias, reportajes con fotografías y vídeos, entrevistas personales, inspecciones, rastreo de redes sociales... Los detectives privados usan variados métodos de investigación para elaborar sus informes y presentarlos en los juicios. A continuación se exponen algunos casos en los que intervinieron estos profesionales y que fueron objeto de juicio y sentencia en Vigo.
Llaves, “acopio” de comida y paseos “de la mano” para acreditar una convivencia.
El uso de detectives para acreditar una convivencia de pareja y pedir la extinción de la pensión compensatoria es habitual. En un caso juzgado en Vigo el investigador aportó un informe que probaba que la exmujer del demandante residía con su nuevo compañero. Hizo varios seguimientos a la pareja durante tres meses y vio que salían juntos del domicilio “cogidos de la mano”, iban juntos “al supermercado” y el hombre usaba su “propia llave”. El detective incluso colocó algunas noches señalizadores físicos en la puerta de entrada para acreditar que dormía allí ya que dicho objeto seguía en el mismo lugar por las mañanas.
Un sospechoso accidente de tráfico y amigos en común en la red social Facebook.
Un accidente en el que se vieron implicados dos vehículos, ocupados cada uno por cuatro personas, levantó las sospechas de una compañía de seguros, que encargó una investigación a una agencia de detectives. A través de los perfiles de algunos de los heridos en Facebook se acreditó que “existió una relación de amistad” entre ellos. Dos de ellos, ocupantes en el coche asegurado y en el contrario respectivamente, tenían 27 amigos en común en la red social.
Un teleoperador que durante una baja laboral trabajó en la cafetería de su esposa.
Un juzgado de Vigo primero y el TSXG después declararon procedente el despido de un teleoperador que, durante una baja, estuvo trabajando en el bar que regentaba su mujer. Un investigador privado comprobó que “atendía” a clientes, limpiaba mesas o se encargaba de “colocar” el mobiliario de la terraza.
