La compraventa de vivienda protegida en Vigo está de capa caída. Y la tendencia negativa viene de largo. Tras unos años de relativa bonanza a este respecto concentrados entre los años 2005 y 2010, las transacciones inmobiliarias de este tipo de vivienda llevan diez años por debajo del centenar. Ni siquiera la modesta salida de la crisis del 2008 se reflejó en los datos del Ministerio de Fomento, que marcan su mínimo en el primer año de pandemia: tan solo once viviendas vendidas. Además, los datos consolidados sobre los tres primeros trimestres del año 2021 auguran un estancamiento en este sentido. No así la venta de vivienda libre, que sí consiguió remontar tras la crisis financiera y que, ahora, empieza a recuperarse.
Aunque según el artículo 25 de la Ley de Bases, las competencias en vivienda podrían corresponder a los ayuntamientos –un gobierno local puede hacer un plan de vivienda social si lo desea–, es la Xunta de Galicia la dueña de las competencias según el Estatuto de Autonomía.
Este es uno de los matices que el colectivo social Os Ninguéns ha hecho en múltiples ocasiones para demandar actuaciones a todas las administraciones con rango de acción en Vigo. Una de sus principales reivindicaciones gira en torno a la problemática de los desahucios y la emergencia habitacional: “La solución para acabar con este protocolo tan imperfecto [el de los desahucios] que abandona a las personas vulnerables sería un parque en vivienda social en alquiler. Esto consiste en una serie de pisos, que se alquilan a las personas tanto con problemas para acceder a precios de mercado (por ejemplo, personas sin hogar) o trabajadores precarios, como perceptores de pensiones y ayudas mínimas, como a posibles desahuciados”, explican desde el grupo activista.
Aún así, desde Os Ninguéns piden hacer una diferenciación clara, que no siempre se conoce, entre vivienda protegida y vivienda social, que es por la que abogan: “No se debe confundir este tipo de alquiler con una vivienda protegida. Una vivienda protegida se puede vender, y no siempre a precios asequibles (la VP del Barrio del Cura en Vigo cuesta 300.000 mil euros), nosotros hablamos de alquiler concretamente diseñado para perfiles empobrecidos, lo que no se corresponde con las viviendas con protección, que normalmente se venden y además no a precios que perfiles como los mencionados puedan asumir”, matizan.
Este plan de viviendas en alquiler que proponen desde Os Ninguéns “lo puede llevar a cabo la Xunta de Galicia o también un ayuntamiento con voluntad política para asumir la competencia. En este momento, en Galicia la Xunta tiene 3 o 4 pisos en alquiler social, los restantes del programa anterior, y no tiene intención de renovar la bolsa, a pesar de que hay casi 15.000 personas inscritas en el registro de demandantes de vivienda”, rematan.