En diciembre de hace dos años, en 2019, el Juzgado de Instrucción 2 de Tui citaba por primera vez a siete personas tras reabrir el caso por la muerte de la viguesa Déborah Fernández-Cervera, desaparecida el 30 de abril de 2002 cuando salía a pasear por Samil y cuyo cuerpo sin vida fue hallado diez días después en una cuneta de O Rosal, a más de 40 kilómetros. El objetivo, recrear con los testigos lo sucedido las jornadas en la que la joven estuvo desaparecida así como las horas previas a su salida de casa. Sin embargo, la Policía tenía claro quién era la persona que podía responder a estas preguntas, el que para ellos, fue el principal sospechoso del caso: su ex novio.
Así se desprende del atestado policial de octubre de 2019, el mismo que motivó la reapertura del caso tras una década de archivo. Los agentes advierten a la magistrada que la antigua pareja de Déborah "ha mentido" e "incurrido en contracciones e imprecisiones" en sus declaraciones, llegando a la "convicción" de que está "implicado" tanto en la desaparición como en la muerte de Déborah. Por todo ello, solicitan a la magistrada que se le cite en calidad de investigado.
Dos años después de este atestado policial, este varón no ha sido citado, ni como testigo, ya que vulneraría su derecho de defensa, ni tampoco como pide la policía como investigado. Junto esta también se han denegado por parte del órgano judicial la mayoría de la práctica de pruebas solicitada los abogados de la familia Fernández Cervera. Los letrados habían solicitado intervenciones telefónicas y cuatro o cinco careos, con la excepcionalidad que la declaración de la ex pareja no la pide la acusación particular, sino los propios agentes del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional.
En su último órdago, los abogados plantearon en un escrito fechado el pasado 26 de noviembre, la necesidad de esta declaración en base a este atestado de 2019, el mismo que motivó la reapertura del caso. En él aluden a múltiples indicios que se han descubierto gracias a las diligencias practicadas hasta el momento.
Exhumación
Una de las más importantes, a la par que dolorosa para la familia, fue la exhumación del cuerpo de la joven. Gracias a él, se pudo extraer restos de sus uñas, indicativos de un posible acto de defensa, que tras los análisis se consideraron "coincidentes" con varias mantas que eran propiedad por aquel entonces de su exnovio.
También se procedió al registro nuevamente de su vehículo. Ya de su primera revisión no se obtuvieron pruebas. Concretamente no se obtuvo rastro alguno ya que había sido limpiado concienzudamente.
Si bien este atestado policial de 2019 pone nombre y apellidos a la persona "implicada" en la muerte y desaparición de Déborah, otro firmado en 2010 crea un perfil del posible responsable del crimen que no se aleja de la realidad.
Perfil criminal
Este informe de la UDEV central de Madrid previo a la actual fase, el de la Operación Arcano, traza un “perfil criminal” con 16 características que, según aquellos policías, “tendría que reunir” el autor de los hechos. Un esbozo hecho en base al modus operandi que arroja la forma en que se abandonó el cuerpo desnudo de la víctima.
Y encuadrado en la hipótesis que siempre sobresalió en esta investigación, la de que el culpable pertenecería al “entorno más próximo” de Déborah. Una persona conocida y con “vínculo afectivo” actual o pasado, con “vehículo” y una coincidencia de trayectos el día clave, disponer de un “lugar solitario” para ocultar durante días el cadáver, en el caso de que la muerte fuese accidente, citan a la persona como "inmadura" y si fue criminal, destacan el móvil pasional; auxilio de terceras personas para deshacerse del cuerpo, la creación de un escenario criminal artificial también con ayuda de otros y, por último, un individuo “independiente” que necesitó tratamiento psicológico.
