Un recorrido judicial de más de dos décadas, con hasta cuatro procedimientos civiles y uno penal abiertos en los tribunales de Vigo y Barcelona y una deuda que supera los 2,3 millones de euros. Este es el balance de la eterna lucha entre los extrabajadores del Grupo de Empresas Álvarez (GEA) contra la promotora Naerama Group y su socio único y avalista Construcciones José Castro, empresas condenadas al pago de estas cantidades por los terrenos sitos en Cabral y Coruxo en su día cedidos por los antiguos empleados de la que fue una de las industrias de cerámica más prósperas de Vigo y por los que nunca recibieron pago alguno.
Este largo litigio podría estar escribiendo sus últimos capítulos, ya que los extrabajadores tienen más cerca que nunca el cobro de la deuda. Tras adquirir firmeza una de las sentencias condenatorias, el Juzgado de Primera Instancia 14 de Vigo inició la ejecución de la misma decretando la subasta de un local ubicado en la ciudad condal que alberga un gimnasio propiedad de la constructora condenada.
La perito, en un informe de pasado 7 de octubre, tasó dicho local, de 4.700 metros cuadrados, en 4,5 millones de euros, cuantía que si bien se espera superior al valor por el que saldrá a subasta, bastaría para saldar la deuda que acumula ya más de 20 años de intereses y costas.
Este procedimiento data ya del 2013, y pese a que todas las resoluciones judiciales han sido favorables a los demandantes –representados por el letrado Tomás Santodomingo–, la cuestión se ha complicado sobremanera en la fase de ejecución, hasta el punto que no les ha quedado más remedio que seguir litigando desde otros frentes para obtener el dinero que se les ha reconocido en sentencia.
Una de estas vías o alternativas incoadas para el cobro de los 2,3 millones de deuda pasa por el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra, con sede en Vigo. Los extrabajadores pidieron la declaración del concurso de acreedores para Naerama S.L., dueña del 22,07% de los terrenos donde se hayan las fábricas de Cabral y Coruxo. Tras ser aceptada por el juez y previo nombramiento de un administrador concursal, Aquilino Pérez Puga, que se ha puesto al frente de la firma, éste ya presentó su informe.
Según fuentes judiciales, del mismo se extrae que la única vía para Naerama es la liquidación de sus bienes (su único patrimonio son las citadas fincas) para el pago a sus acreedores que, tal y como figura en el informe, son los 189 extrabajadores de GEA.
Este razonamiento viene justificado por la ausencia de actividad mercantil alguna en los últimos tres años así como su endeudamiento. Al no poder afrontar el pago de las deudas contraídas, la única solución que les quedaría sería la venta de todos sus activos. ¿Cuáles son? Las dos fincas donde se levantan las antiguas fábricas de cerámica de GEA, en Avenida Ramón Nieto, Cabral y Carretera de Camposancos, Coruxo. El valor total de las mismas supera los 18 millones de euros, si bien Naerama es dueña del 22,07%, es decir, poco más de cuatro millones. Al tener estos bienes otros propietarios, su salida a subasta genera obligatoriamente una opción de tanteo para los propietarios del 77,93% restante.
Años de litigios judiciales por impagos que datan de 2008
¿Qué motivó este largo recorrido judicial? Todo comenzó en 2002, cuando suscribieron un contrato con Naerama Group por el que le cedieron terrenos de las antiguas fábricas de Cabral y Coruxo. Unos solares obtenidos tras cerrar la emblemática empresa: con la venta querían recuperar parte de la deuda que ésta tenía con ellos. La cesión a la promotora se hizo vinculando el precio de la venta a la aprobación del PXOM de Vigo y al volumen de urbanización autorizado, ya que estaba pendiente de recalificación urbanística. Pero aprobado el plan en 2008, los extrabajadores no cobraron lo que les correspondía. Tras años de litigios, la Justicia les ha dado la razón.
La causa penal se reactiva con la declaración de un empresario
El Juzgado de Instrucción 20 de Barcelona tomó declaración este pasado 5 de octubre a uno de los responsables de las empresas demandadas sobre la sobre la presunta simulación de un contrato de pignoración de acciones por importe de 30 millones de euros, suscrito en 2013 pero que no fue elevado a escritura pública hasta 2019, “cuando ya se sabía”, según los denunciantes, que dichas acciones iban a ser embargadas judicialmente. Otro de los empresarios investigados no compareció por la indisposición de su letrado. La causa sigue activa pese a su petición de archivo o la excepción de “cosa juzgada”.
