Galicia, junto a otras cinco comunidades autónomas, ha reclamado recientemente al Ministerio de Sanidad una solución jurídica que permita obligar a vacunar a personal de medicina, enfermería o residencias que rechaza la inoculación. “Para poder ejercer estos puestos de trabajo es imprescindible que el personal se vacune, si no, no pueden hacerlo con seguridad”, aseguraba Alberto Núñez Feijóo. Y, especialmente en los geriátricos, la preocupación de los familiares de los residentes ante el hecho de que haya trabajadores que no se hayan vacunado es una realidad. “Sí, debería ser un requisito indispensable. Es un tema complejo, pero después de todo lo que ha pasado, la obligatoriedad no debería ser cuestionada por nadie. Que se respete su derecho, pero entonces no pueden trabajar en una residencia”, explica Paulino Campos, presidente de la Federación Galega de Organizacións de Familiares y Usuarias de Residencias (REDE). Reclaman al menos que aquellos empleados de centros para mayores que deciden no inmunizarse frente al COVID ejerzan tareas que no supongan contacto alguno con los usuarios.
En Vigo se calcula que el porcentaje de trabajadores de residencias que han rechazado la vacuna se sitúa en apenas un 1%. Pero pese a que las cifras son bajas, hay casos y, por lo tanto, preocupación. Según apuntan diversas fuentes, en una conocida residencia de la ciudad hay un conductor que se encarga de trasladar a los usuarios que es negacionista y que se niega a poner la inyección. El riesgo en este caso es enorme, porque está en permanente contacto con los mayores.
Todos los trabajadores no vacunados tienen que firmar cada día, a su llegada al geriátrico, un documento conforme corroboran que no tienen ningún síntoma. El propio Ministerio de Sanidad ha emitido recientemente una serie de recomendaciones en cuanto a las residencias, y entre ellas hay un apartado específico para los trabajadores que rechazan la inyección. El Gobierno aconseja realizarles un control de temperatura diaria y una prueba diagnóstica del COVID de forma regular (al menos dos veces por semana), “como medida específica de evaluación del riesgo y de prevención en estas personas trabajadoras, habida cuenta del riesgo a terceros que suponen esta situación”. “También se podrá valorar el cambio de puesto de trabajo”, apunta el Ministerio. En este sentido, atendiendo a esa última frase, las autoridades sanitarias autonómicas podrían autorizar a las residencias a trasladar a otro puesto que no requiera contacto alguno con los usuarios a los empleados que quieren vacunarse, tal y como reclaman los familiares. “Nadie se atreve a despedir a estas personas, pero al menos sí se debe reubicarlas en un puesto que no suponga riesgo alguno para los mayores”, defienden desde REDE.
Este debate llega además en un momento en el que el virus ha vuelto a entrar en las residencias de Galicia, especialmente en las de Vigo, donde se han registrado tres positivos en el centro Santa Marta (ayer se estaba haciendo un cribado entre los trabajadores y el resto de usuarios), ha fallecido un residente con COVID del geriátrico DomusVi Salesas, en Teis, 16 usuarios del Hogar San Rafael están contagiados y hay un anciano de Bodía Magnolio que sigue infectado.
