En el vasto abanico de problemas relacionados con el tráfico del casco urbano de cualquier ciudad, aparecen los vehículos abandonados en la vía pública. Y es que no solo suponen un grave contratiempo para los usuarios, ya que se vulnera el principio de rotación equitativa en las zonas libres de aparcamiento, sino también para el medio ambiente. En la urbe olívica, a lo largo de 2020, la Policía Local identificó un total de 73: 54 fueron trasladados a algún centro autorizado de tratamiento para su descontaminación –desguaces–, el resto (19) duermen en el depósito municipal. Estas cifras adelgazan con respecto al ejercicio anterior (92), pero engordan si las comparamos con las cosechadas en el año 2018 (68).
El objetivo de esta ofensiva del Concello contra los vehículos abandonados responde, principalmente, a tres motivos: evitar que el uso común de la plaza de aparcamiento en una calle se transforme ilegalmente en un uso privativo, erradicar el impacto visual negativo que provocan en el lugar e impedir que sus residuos acaben en la vía pública.
Estas razones llevan a la Policía Local a vigilar e intervenir sobre los vehículos que se encuentran en este estado de abandono. “Se presta especial atención a las proximidades de centros educativos y sociales, parques infantiles, centros comerciales y lugares de gran afluencia de personas, sobre todo, de menores”, argumentan fuentes municipales antes de concretar otro problema aparejado: “Muchos están abiertos y tienen aristas peligrosas”.
A mayores, los agentes recogen las denuncias de las demás unidades de los distintos cuerpos policiales y las que son trasladadas por los ciudadanos a través de los medios que la administración pone a su disposición: por medio del registro general del Concello –vía web– o en el teléfono de información 010.
En el proceso de intervención, atendiendo a las normas y protocolos de actuación, cuando se tiene constancia de la permanencia de un vehículo incumpliendo la ordenanza de medio ambiente, se realiza previamente una comprobación del hecho: se observan los signos que puedan delatar su abandono y se marca la rueda del vehículo y el pavimento con el fin de controlar si el propietario lo desplaza posteriormente –en 2020, de los 672 que se marcaron, 599 se acabaron moviendo–. Esto supone la confección de un acta en la que se recoge la situación con los datos del vehículo y los síntomas apreciados de abandono o deterioro, acompañada de un reportaje fotográfico. Además, los agentes realizan las comprobaciones pertinentes sobre su situación administrativa: si dispone del seguro obligatorio del automóvil, ITV en vigor y autorización.
Transcurridos “20 días o más”, los agentes retornan al lugar para verificar la permanencia del vehículo. Si continúa, tramitan la propuesta de sanción. El paso siguiente: se traslada al depósito municipal “siguiendo los criterios de prudencia y proporcionalidad”. Para tomar esta decisión, se contempla su situación: que se encuentre en una zona donde las plazas libres resulten especialmente demandadas. En caso de no incluirse en ninguna de las causas legales de abandono, se tiene en cuenta el tiempo excesivo de estacionamiento (meses), escenario que “puede derivar en situaciones próximas al abandono”, manifiestan fuentes municipales.
Si el vehículo presenta deficiencias que le imposibilitan circular y se constata que está generando un daño o deterioro grave para el medio ambiente, los agentes elaboran el correspondiente informe para que se realice el trámite necesario que derive en su retirada y traslado a un desguace para su posterior descontaminación. Una vez declarado residuo sólido urbano (RSU), se emite el certificado de destrucción y la baja definitiva en Tráfico.
En los desguaces, se procede a la extracción de aceites, lubricantes, combustible, batería, líquidos de freno, anticongelante, fluidos del sistema de aire acondicionado, zapatas de freno con amianto y componentes de mercurio o cualquier otro peligroso, así como de los no peligrosos, como pueden ser plásticos, neumáticos y demás. El objetivo es reciclar el 95% de los materiales del vehículo, porcentaje que concretan las directrices europeas.
