Aunque todavía no hay ninguna avalancha de litigios directamente relacionada con la pandemia, en los seis juzgados laborales de Vigo se empiezan a vislumbrar las severas consecuencias de la crisis económica que está dejando tras de sí este difícil escenario sanitario. Porque desde hace varios meses ya están entrando demandas de despidos de la era COVID. ¿Y qué es lo que están sentenciando los jueces de la urbe olívica? Pues los magistrados están declarando improcedentes las rescisiones de contrato provocadas por el coronavirus. Solo avalan ceses por causas económicas si las empresas logran acreditar que las pérdidas eran anteriores a la irrupción del virus.
Los juzgados de lo Social registraron en 2020 más de 1.100 pleitos de despidos. Y entre ellos, sobre todo hacia los últimos meses del año, empezaron a entrar los directa o indirectamente relacionados con el COVID-19. A través de sus abogados, los trabajadores están alegando en muchos de estos litigios que la rescisión no procede porque se llevó a cabo ya decretado el estado de alarma, citando en sus demandas lo estipulado en uno de los reales decretos, el 9/2020, del Gobierno central de adopción de medidas que ayuden a paliar los efectos económicos de la pandemia. “La fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada [previstas en otra de las normas dictadas] no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido”, refiere dicho texto gubernamental.
La interpretación de este “prohibido despedir” no está siendo pacífica jurídicamente hablando. Porque en toda España se están dictando sentencias contradictorias. Aunque no muchos, hubo algún juzgado –de Sabadell o Barcelona– que ha calificado los ceses de nulos. La nulidad conlleva que el empresario solo tiene una opción: la readmisión de dicho empleado. La corriente mayoritaria pasa sin embargo por declarar que estas rescisiones son improcedentes. Es por ejemplo lo que está ocurriendo en Vigo, donde las resoluciones dictadas hasta el momento de despidos por coronavirus van en esta dirección. “Aquí la empresa puede o bien optar por indemnizar al trabajador o bien readmitirlo con el abono de los salarios de tramitación, aquellos que dejó de percibir desde el despido hasta la sentencia”, explica el abogado laboralista David Iglesias. La primera alternativa, la de la indemnización, suele ser la elegida.
“Ahora mismo, si analizamos las sentencias sobre esta cuestión dictadas en toda España, nos encontramos con cuatro criterio distintos. El de la nulidad del despido, el de la improcedencia, el de la improcedencia con una indemnización adicional e incluso hubo algún juzgado que declaró el despido procedente”, afirma otro letrado vigués experto en la materia, Fabián Valero. Todas estas resoluciones han sido dictadas en primera instancia por juzgados de lo Social, aunque ya hubo un tribunal superior de justicia, el de Madrid, que sentenció como improcedentes los despidos de la pandemia, sumándose a la corriente mayoritaria. “Hay muchas opiniones distintas sobre una misma cuestión; es necesario que se clarifique, aunque para eso tendremos que esperar a que llegue al Tribunal Supremo”, indica.
Unanimidad en Vigo
Al menos por ahora, entre los magistrados laborales de Vigo parece haber unanimidad. “En todas las sentencias sobre esa cuestión se ha declarado la improcedencia”, afirman en uno de estos juzgados, donde refieren que por las demandas que están llegando se ve claramente que uno de los sectores más perjudicados es el de la hostelería. “Bares, restaurantes, establecimientos de comida para llevar...”, citan. Los abogados también ponen el acento en los comercios, que sufren asimismo las consecuencias de las restricciones a las que obliga el virus. O en otros sectores. “Estamos teniendo muchas consultas, de trabajadores de ámbitos de lo más diversos; donde es cierto que no estoy notando esta problemática con los despidos es en el sector industrial: en metal, automoción, eólico...; ahí nada”, resume Valero.
¿Y qué ocurre con aquellos despidos por causas económicas en los que la difícil situación del negocio ya venía desde antes del COVID? Si se acredita que es así, en estos casos la regla general es que los jueces los declaren procedentes. Un ejemplo es una reciente sentencia del Juzgado Social 2 de Vigo. El cesado era dependiente de un almacén textil que vio extinguido su contrato a finales de marzo de 2020, dos semanas después de declararse el primer estado de alarma. El demandante alegó que el despido carecía de causa e iba en contra del real decreto gubernamental del COVID. Pero el magistrado Germán Serrano ve la rescisión procedente y absuelve a la empresa. “La empresa ha acreditado que desde mucho antes de esta situación [del coronavirus] ya se la había recomendado la reducción de plantilla para luchar por su viabilidad; además, en correos y facturas de servicio se demuestra que la decisión y la causa económica ya concurría a principios de marzo de 2020, de manera que ninguna relación puede tener con la pandemia”, resume el fallo judicial.
“Es esencial mantener los ERTE hasta que alcancemos una relativa normalidad”
En los despachos de abogados de Vigo ya están recibiendo llamadas de bastantes trabajadores que han perdido su empleo en plena pandemia. El letrado Fabián Valero explica que tiene fecha para dos juicios de sendos empleados del ámbito del comercio que fueron despedidos por causas objetivas tras el estado de alarma. Y, al margen de estos casos con fecha de vista, sobre todo desde noviembre está teniendo consultas de trabajadores de muy diversos ámbitos que también pasan por esa difícil situación.
El abogado David Iglesias coincide en que el aumento de consultas por despidos se empezó a notar sobre todo en el último trimestre de 2020. Para él, entre los sectores más dañados hasta ahora están la hostelería y las tiendas y comercios de venta al público, que también sufren económicamente por las restricciones horarias y el resto de medidas que se están adoptando para frenar la expansión del virus.
Este jurista explica que lo que evita que la situación esté peor son los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), que se acaban de prorrogar hasta el 31 de mayo. “Y es esencial que se mantengan; deben permanecer hasta que lleguemos a una cierta normalidad o a un ritmo muy parecido al que había antes del coronavirus”, opina Iglesias. “De lo contrario, creo que la avalancha de despidos sería brutal”, avisa.
Fabián Valero también considera que los ERTE son herramientas fundamentales y “hacen mucha falta” dada la difícil y compleja situación actual. “Están sosteniendo el empleo; el problema es que son multitud los puestos de trabajo que están en respiración asistida, manteniéndose artificialmente, y cuando esta importante ayuda se acabe me temo que muchos no podrán sobrevivir”, considera el abogado.
