Aplauso y satisfacción. Eso sí, con una nota importante a pie de página: de las palabras ahora toca pasar a los hechos. Vecinos y empresarios saludaron ayer la decisión del Gobierno de eliminar el peaje de la AP-9 entre Vigo y Redondela, pero reclaman que el anuncio se haga efectivo con la supresión de un pórtico que penaliza con entre 0,95 y 2,10 euros –la tarifa varía en función del tipo de vehículo– el uso de un ramal de apenas diez kilómetros. Insisten en que el compromiso se concrete porque, recuerdan, no es la primera vez que el Ejecutivo anuncia el fin de ese mismo peaje. En enero de 2018 el por entonces ministro de Fomento, el popular Íñigo de la Serna, ya garantizó la retirada del gravamen. Incluso llegó a ponerle fecha: julio de 2018. El anuncio en este caso llega en un marco distinto, tras la presentación de las cuentas estatales de 2021 y asociado a un coste concreto, 1,53 millones que aportará el ministerio para que el peaje deje de castigar a los conductores. La supresión del gravamen era además uno de los puntos del pacto de investidura suscrito por PSOE y BNG.
“Es una buena noticia que aparezca en los presupuestos y haya intención de eliminarlo. Ahora queremos ver que se concreta”, apunta Anxo Iglesias, el secretario de la asociación vecinal de Teis, una de las parroquias más castigadas por la AP-9. Iglesias recuerda el “clamor social” que existe desde hace años, pero advierte también que quedan “tareas pendientes”, como la conversión en tramo urbano de la entrada de la AP-9, la construcción de nuevos accesos, garantizar la permeabilidad para los vecinos con los pasos elevados o las pantallas para atajar la contaminación acústica. Reclamación similar apunta el presidente de la asociación vecinal de Chapela, Marcial Perez, quien lamenta que el fin del peaje esté condicionado a la aprobación de las cuentas. “No tiene sentido, podría hacerse por decreto. Queremos hechos”. “El anuncio es positivo, esperemos que no se quede solo en eso”, abunda Francisco Puch, del colectivo de afectados.
“Quiero verlo firmado y en el BOE”, reclama Ramón Alonso, presidente de Asetranspo. El representante de los transportistas urge aclarar además si las bonificaciones que se plantea el Gobierno –las cuentas estatales reservan 50 millones para la rebaja de tarifas– beneficiarán también al transporte pesado. Sobre el fin del gravamen de Redondela, recuerda que el pórtico “resta competividad”.
“Llevamos mucho tiempo reclamando la supresión de ese peaje. Verlo recogido en los presupuestos es una buena noticia. Ahora seguiremos atentos a los reales decretos para que lo regulen en tiempo y forma”, valora el presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra, Jorge Cebreiros. Al igual que Alonso, recalca que “lo lógico” es que las bonificaciones beneficien a las empresas.
A la espera de que se concrete cómo se trasladarán los cambios a la política tarifaria de Audasa, el fin del peaje de Rande supondría ya eliminar el gravamen de un ramal que, en la práctica, recuerda Carlos Quintanilla, de la Asociación de Transportistas de Contenedores (ATC), actúa casi como un vial entre los muelles y las empresas de Vigo y Redondela. “Acabar con ese peaje es positivo para todos”, concluye el representante de los taxistas, Manuel Chorén.
El anuncio del fin del peaje se recibió ayer con agrado también en las instituciones. “La supresión es muy buena noticia para el área metropolitana”, declaró el alcalde de Vigo, Abel Caballero, quien puso en valor que la gratuidad del peaje con Rande se consiguió con un gobierno socialista y la de Redondela se alcanzará con otro ejecutivo del PSOE. Desde Redondela, su alcaldesa, Digna Rivas, subraya que el fin de “este peaje injusto” era uno de los objetivos prioritarios de su gobierno. “Es a todas luces injusto y los redondelanos lo tuvimos que sufrir durante muchísimos años”, recalca la primera edil socialista.
“Para nosotros es vital porque le quita competitividad al puerto”, apunta Enrique López Veiga, presidente del Puerto, quien recuerda que al restringirse el paso de camiones por Sanjurjo la AP-9 se convirtió en paso obligado. En 2016 Apetamcor, ATC y Transfrío estimaban que para sus asociados el peaje suponía un coste total de 321.500 euros anuales, a los que añadían 45.100 derivados de los desvíos para evitar la tasa. En total: 366.600. Desde entonces el peaje de los camiones subió de 1,9 a 2,1 euros. El colectivo explica que un trailer de bobinas que haga todos los días 10 viajes –entre las idas y vueltas– abona 21 euros por jornada.
Una reclamación histórica del área para acabar con una rémora para la movilidad y la economía
Pocas causas comunes han unido tantas fuerzas en la comarca como la supresión del peaje de la AP-9 entre Vigo y Redondela. A lo largo de los últimos años han exigido su fin en la calle, ruedas de prensa e incluso en los plenos, vecinos, empresarios, instituciones y partidos políticos de todo el arco ideológico. Su objetivo común: acabar con una rémora que castiga por partida doble al área de Vigo. Primero a la movilidad de sus vecinos al penalizar el uso de un vial que en la práctica actúa como circunvalación urbana. Quien quiere usar esos apenas 10 kilómetros de autopista y evitarse atravesar el casco urbano debe abonar 0,95 euros. Segundo, a la economía de la comarca. A diario circulan por el ramal buen número de camiones que necesitan moverse entre el puerto y las industrias de Teis y Chapela y ya no pueden recurrir a Sanjurjo Badía. A ellos cada viaje les cuesta 2,10. En un solo día cinco viajes de ida y vuelta se traducen en 21 euros.
