Fuentes de la Consellería de Educación contactadas por FARO han recordado que la asistencia a clase es obligatoria hasta los 16 años excepto en aquellos casos en los que haya de por medio un aval médico. Por lo tanto, señalan que la decisión de que un menor no asista al centro educativo por su vulnerabilidad frente al Covid-19 "debe seguir criterios médicos", La Xunta cita lo recogido en el Protocolo general de inicio de curso de este año, "avalado por las autoridades sanitarias", que indica que, "en el supuesto del alumnado que pueda tener la condición de vulnerable a consecuencia de patologías -ya sean agudas o crónicas- que provoquen dependencia, los criterios sanitarios -que regirán asistencia a clase o, de ser el caso, la escolarización domiciliaria- serán los que recomiende el médico o el pediatra".

Añade que "en los supuestos de vulnerabilidad, si un niño no tiene teledocencia o escolarización a domicilio es porque no fue debidamente justificada esta necesidad desde el punto de vista médico. En el caso de acreditarse, se dará una respuesta educativa de atención domiciliaria conforme al Decreto 229/2011 de atención a la diversidad", concreta Educación, a la vez que subraya que, fuera de los casos debidamente justificados por los médicos, los centros educativos tienen el deber de documentar las faltas de asistencia a clase del alumnado: "Si los centros detectan la reiteración de la no asistencia por causas no justificadas, esto puede derivar en la apertura de expediente de absentismo por parte del propio centro siguiendo lo establecido en el Protocolo Educativo para la prevención y el control del absentismo escolar en Galicia del 2014".

La Consellería aclara que el primero que actúa ante faltas no justificadas es el colegio, que, por ley, "debe abrir un expediente de absentismo y seguir los pasos marcados en el protocolo", entre ellos, "dar audiencia a las familias mediante reuniones con tutores y jefe de estudios". Por lo tanto, añade, la Xunta "no abre expedientes", aunque sí lo hacen los centros escolares "en cumplimiento de lo marcado en el Protocolo de absentismo para analizar cada caso", que "pueden archivarse o resolverse en el ámbito del centro" tras la audiencia realizada a la familia.

De no llegar a acuerdo a nivel interno, el centro tiene el deber de informar a la Jefatura Territorial y al Concello correspondiente. Analizado el caso, podría elevarse a la Fiscalía si se considera.

Educación informa que se crearán comisiones provinciales de seguimiento ante posibles situaciones de absentismo con origen en el Covid-19. Se encargarán de tratar casos puntuales. Y es que la Consellería, en línea con las recomendaciones recogidas en el informe elaborado por la Abogacía del Estado, y atendiendo también a las demandas de los centros, cree necesario "hacer un seguimiento con especial sensibilidad" de estos casos con el objetivo de "obtener información detallada" y "tomar las decisiones más idóneas" teniendo en cuenta "todas las variables" que existan.