El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, llevó ayer a la Comisión para la Reconstrucción del Congreso de los Diputados cinco peticiones para reconocer a las administraciones locales como "actores esenciales del relanzamiento económico" y darles armas para ello. Así, en nombre de las 8.130 alcaldes que representa, reclamó que puedan gastar sus superávit y remanentes; que se habilite un fondo de actuación de 5.000 millones para los que carezcan de este colchón o sea insuficiente; que también fluya hasta sus entidades la financiación europea; un total de 1.725 millones de euros para evitar la quiebra del transporte público; la gestión del Ingreso Mínimo Vital. Su intervención, que discurrió en un aplaudido ambiente de cordialidad, concitó el respaldo de todos los grupos a las propuestas.
El regidor vigués describió la economía como "una interrelación" de muchos sectores y defendió que son los gobiernos locales los que tienen una mayor capacidad para coordinarla por su "cercanía". "La reconstrucción va a estar liderada por los alcaldes", reivindicó. Pero calcula que estas entidades van a tener una caída de los ingresos de un 10%, mientras que "los gastos van a crecer exponencialmente". "Ni siquiera soy capaz de hacer un cálculo", indicó. También criticó que los 320 millones de euros concedidos a las comunidades autónomas para política social llegaron de forma "desigual" a los ayuntamientos y aseguró que los gallegos no vieron "nada".
Por ello, reclamó que para "coadyuvar en la lucha contra la pandemia del Covid-19, la crisis social y la reconstrucción" puedan usar sus propios recursos: el superávit y los remanentes. Recalcó que "los ahorros de cada ciudad son de cada ciudad" y reclamó poder gestionarlos con libertad. Es algo que ya pueden hacer los ayuntamientos del País Vasco y Navarra en virtud del acuerdo del Ejecutivo central con Bildu. "Demando lo que tienen concedido, entiendo que por los derechos forales, los vascos y navarros; lo queremos tener todos", solicitó. Defendió también la flexibilización del equilibrio presupuestario, la regla de gasto y el pago a proveedores.
La medida, reclamada desde el inicio de la pandemia, recibió el respaldo de todos los grupos. Varios diputados preguntaron a Caballero si la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, le había trasladado la fecha en la que el Gobierno central lo aprobaría. El alcalde vigués negó saberlo, pero se mostró convencido de que "pronto se conocerá".
"Tenemos una enorme fuerza moral para reclamarlo", sostuvo y explicó que, salvo un año, las administraciones locales cumplieron el techo de gasto y aportaron 3.800 millones de superávit que contribuyeron a sanear las cuentas de España "para que otras instituciones pudieran incumplir sus compromisos".
Viendo el apoyo que concitó su propuesta y ante la insistencia de varios diputados para que el Gobierno central adopte esta medida cuanto antes, recordó que todo este problema de limitaciones en la gestión financiera local procede de la Ley de Racionalización y Sostenibildad de la Aministración Local y llamó a todos los partidos a usar la unanimidad mostrada ayer para derogarla.
Por otra parte, reclamó la asignación de un fondo de actuación de 5.000 millones de euros este año y de, al menos, 1.000 euros el próximo, para aquellos municipios que no tienen estos ahorros, al objeto de no penalizar a sus ciudadanos por "errores históricos".
Caballero aplaudió el "trabajo excepcional" que se está haciendo a nivel europeo con "una nueva Europa en marcha" y reivindicó que parte de los fondos que están fluyendo desde ella lleguen a las corporaciones locales. "Somos el 14% de lo público y creemos que debemos gestionar el 14% de lo que llega", abogó y añadió: "tenemos multitud de oportunidades para usarlos".
El presidente de la FEMP alertó de la "tremenda" situación en la que se encuentra el transporte público. "Se vino abajo con un coste inmenso", resaltó y describió que, con el confinamiento, se pasó de un 100% a un 8% de uso y, ahora, está en funcionamiento el 80%, pero con un 40% de ocupación, a lo que hay que sumar las inversiones para garantizar el distanciamiento social. Por ello solicitó un fondo para evitar su quiebra y calculó que se necesitan 1.000 millones para el de superficie y 725 para el soterrado.
Además, coincidió con Joan Baldoví, diputado de Compromís, en que se precisa una ley que contemple las necesidades del transporte público urbano en ciudades, respondió a Baldoví.
Sobre el Ingreso Mínimo Vital, Abel Caballero pidió que sean las entidades locales las que se encarguen de su gestión. "Somos los más cercanos a la pobreza extrema y queremos estar ahí", subrayó y agregó: "la eficacia requiere de cercanía e inmediatez". Para ello, solicita un pequeño fondo que les permita asumir las tareas de seguimiento para controlar que los beneficiarios cumplen los requisitos, como la búsqueda activa de empleo.
En el proceso de reactivación, el presidente de los municipios y provincias defendió que "no se puede dar por perdida la temporada turística". Abogó también por la "reconducción inmediata de la industria" con una apuesta por el I+D. Contó que, en una reciente reunión con los representantes de los centros tecnológicos de Vigo, estos le pidieron que elevara al Congreso un mensaje: "Que no peleemos en salarios bajos, sino en productividad y tecnología". También se ha mostrado favorable a la reactivación de la construcción tanto de obra pública como privada apoyándola, entre otras cuestiones, con el acortamiento de los actuales plazos para permisos y licencias. Propuso ayudar a reflotar la cultura con una "explosión" de pequeñas actividades este año, a la espera de que se puedan recuperar los grandes eventos aplazados.
"Es la primera vez en la historia que se afronta una crisis con atención social, con ERTE y sin desempleo masivo. Ese es el modelo para afrontarlo. Cuesta, pero cedemos al futuro salud y ausencia de graves daños económicos", concluyó.
