El catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Vigo, Julio Costa, apuntó ayer que la concesión de la AP-9 debió salir a concurso una vez finalizada su vigencia, en lugar de prorrogarse -en dos ocasiones-, porque así lo recoge la normativa europea y la legislación española que la traspone. Antes de una jornada organizada por la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP) sobre competencia entre empresas, Costa se refirió a la demanda presentada ante la Comisión Europea por la asociación En-Colectivo, que considera que las prórrogas fueron ilegales al no salir a concurso.

"Es una iniciativa que, de fructificar, crearía un problema serio para la administración pública", señaló el experto, que añadió además que "las normas deben respetarse". A su juicio, al término del plazo de la concesión que tenía Audasa, esta "debió salir a concurso" porque "lo dice el derecho comunitario y la normativa española". Costa señaló que al terminar una concesión "se abre el mercado y las empresas compiten". Si se prorroga, explicó, "no hay mercado ni competencia".

Con respecto al juicio que se inicia este martes en un juzgado Mercantil de Pontevedra, por una demanda colectiva interpuesta por la Fiscalía contra Audasa, el experto se limitó a expresar su deseo de que la sentencia "sea favorable a los intereses de los usuarios".

Asimismo, con respecto a la personación en la causa solicitada por la Abogacía del Estado, el catedrático ha apuntado que la Fiscalía "actúa en defensa del interés general" y que la solicitud de la Abogacía del Estado puede deberse a la previsión de "una posible responsabilidad patrimonial que se pueda derivar de una sentencia contraria a la concesionaria".

Finalmente, el presidente de la patronal de la provincia, Jorge Cebreiros, también trasladó su esperanza de que Audasa deje de cobrar el incremento anual en los peajes hasta 2048 porque eso "afecta gravemente a la competitividad de las empresas y a los usuarios". Cebreiros y Julio Costa se pronunciaron antes de participar en una jornada sobre la libre competencia, en la que también estuvo presente el presidente de la Comisión Galega de Competencia, Ignacio López-Chaves.