Una de las asociaciones adheridas a la demanda de la Fiscalía, En-Colectivo, salió ayer al paso de los argumentos del Gobierno haciendo público su rechazo y considerando "precluído el trámite para formular alegaciones dada la fase del procedimiento judicial". "Es llamativo que el Estado se persona de forma tan tarfía, cuando ha podido tener conocimiento de la existencia del procedimiento judicial mucho antes", declaró Diego Maraña, portavoz de la agrupación. Según su versión, el escrito de la Abogacía fue notificado a las partes el 28 de enero, a dos semanas de la vista oral. Por otro lado la asociación, que dice tener a sus espaldas la reclamación de 200 usuarios por casi 200.000 euros (400.000 contando indemnizaciones), ha denunciado ante la Comisión Europea las prórrogas de la concesión de la AP-9. Espera que Bruselas se pronuncie antes del mes de julio de 2020.
