Tras años de caída, los desahucios en la ciudad vuelven a repuntar y lo hacen de la mano de los inquilinos morosos. Y es que buena parte de los 571 lanzamientos que se recibieron desde el Servicio Común de Notificaciones y Embargos a lo largo del 2019 se deben al impago en la mensualidad del alquiler. Los datos de desalojos forzosos son los más altos desde el 2014, cuando se registraban 593; y suponen la cuarta cifra más alta de la década. En cuanto a los embargos, siguen la misma tendencia y también suben hasta los 405, una treintena más que el año pasado. En este caso llama especialmente la atención el número de expedientes que se encuentran pendientes al cierre del ejercicio, un total de 85. ¿Los motivos? El Letrado de la Administración de Justicia de esta oficina del Casco Vello, Fernando Varela, denota un crecimiento en el número de casos de fuera de Vigo, lo que les obliga a desplazarse en tan solo "dos vehículos oficiales" disponibles. "Inevitablemente esto nos ralentiza y provoca que se acumule más trabajo", sintetiza Varela.
Este crecimiento en el número de desahucios no prevé ser puntual y, según indica Varela, seguirá aumentando este vigente año. "Aumentaron de forma importante los pleitos y demandas en Instancia, irremediablemente nosotros también notaremos este incremento", comenta. Al cierre de 2019, el servicio contaba con 31 lanzamientos pendientes, de los cuales prácticamente la totalidad son contra inquilinos por impago del alquiler y ya anecdóticos son contra propietarios por no hacer frente al pago de la hipoteca. "Cuesta encontrar alguno ya", incide Fernando Varela.
Lo que sí se ha vuelto común a estos procedimientos es la presencia de "okupas" en estos desalojos. "Volvieron a incrementarse en los últimos meses; su lanzamiento es mucho más complejo porque hay que identifcarlos y se dilata todo el proceso. Es el único problema que pueden llegar a generar, no son problemáticos ni las intervenciones complejas", señala el letrado judicial.
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La intervención de Servicios Social también es otro factor a tener en cuenta en estos desahucios. Y es que el letrado judicial apreció un aumento de inquilinos que se ven obligados a recurrir a los Servicios Sociales del Concello o de la Xunta para que les busquen una solución alternativa a su situación. "Esto implica un retraso a la hora de declarar el desahucio, muchos se suspenden durante días o semanas y todo se va retrasando", explica Varela, quien añade también las suspensiones como otro de los recursos más empleados para aplazar estos desahucios. "Habitualmente, desde que nos llega la demanda de desalojo hasta que este se produce no se tarda más de entre dos o tres meses, eso en casos normales", añade.
Pisos turísticos
A donde todavía no han llegado estos lanzamientos es a las viviendas turísticas. Varela reconoce que, por el momento, todavía no se han encontrado con casos similares. "A nosotros no nos ha llegado ninguno, y lo veo complicado porque acaso que uno de estos clientes okupe el piso, lo normal es que solo estén unos días. Este auge será un problema para las comunidades, pero espero que no para nosotros", explica el letrado judicial del Servicio Común de Notificaciones y Embargos.
En relación a estos últimos, los inmuebles del tipo fincas, chalets o pisos siguen siendo los bienes más habituales que son requisados por la autoridad judicial, seguidos de coches -aunque cada vez en menor medida ya que su posibilidad o capacidad de tasación es baja por su antigüedad y pérdida de valor-, cuentas corrientes, nóminas o incluso la devolución de Hacienda.
