Las arcas municipales tendrán que rascarse el bolsillo para hacer frente a las consecuencias de dos fallos judiciales. De un lado, un grupo de afectados por las expropiaciones del entorno de la calle Lalín -pensadas en un principio para levantar la Cidade da Xustiza, que finalmente se reubicó en el viejo Hospital Xeral- recibirá 445.229 euros. Y de otro, la comunidad de montes de Cabral, conocida por su ofensiva judicial para reivindicar terrenos que considera de su propiedad, percibirá 233.640 euros, en este caso, por una parcela en O Gorxal. El Ayuntamiento habrá de desembolsar, pues, casi 680.000 euros en cumplimiento de compromisos judiciales. Los fondos saldrán de una modificación extraordinaria de crédito de 1,6 millones de euros destinada a las cuentas de Urbanismo, después de recibir ayer el visto bueno del pleno con los votos de la mayoría del PSOE y los cuatro votos del PP. El resto de la cuantía irá a parar a "mejoras en bienes públicos" y "actuaciones" futuras, tales como la primera fase de la reforma de la avenida de Europa, la remodelación de la senda del Lagares e intervenciones en el Casco Vello, según avanzó la edil del ramo, María José Caride.
Los terrenos de A Chouza anexos a los actuales edificios judiciales de la calle Lalín han sido escenario de cambios en los últimos años. Lo que en un principio iba a servir para construir la Cidade da Xustiza acabó por convertirse, con la derivación del proyecto al Xeral, en un improvisado leira-parking a la espera de acoger la futura Biblioteca del Estado. Sin embargo, antes de que todos los cambios se desencadenaran, el Ayuntamiento tuvo que hacer frente al pago de las indemnizaciones a los propietarios. "Este Concello intentó por todos los medios no gastar 3 millones de euros de los vigueses para hacer una expropiación que debería hacer la Xunta", sentenció Caride. Al final, una sentencia del Xurado de Expropiacións de Galicia viene a compensar a un grupo de damnificados.
Desde la oposición el PP -que votó a favor de la transferencia para "cumplir con las sentencias"- recordó que esa bolsa de suelo puede ser empleada para vivienda protegida o actividades empresariales (es parte del Patrimonio Municipal do Solo), mientras que desde el grupo Mixto (Marea de Vigo), se denunció lo "chapucero" del proceso. "Liquidamos unas viviendas que podrían ser para acoger a familias", expresó Rubén Pérez. El concejal no adscrito, Xabier P. Igrexas (BNG), calificó directamente las gestiones de los últimos tiempos como "un pésimo negocio".
El otro foco que generará un perjuicio a los fondos municipales está en Cabral. Allí la comunidad de montes reclamó la titularidad de una parcela. Y una sentencia judicial les acaba de dar la razón, con la obligación por parte del Concello de pagar 233.640 euros. La de O Gorxal es una más de la secuencia de conquistas lograda por la junta rectora de los comuneros, en la que también se halla su victoria sobre la titularidad de terrenos frente a Aena (a cuenta del aeropuerto, por 7 millones de euros) o la Xunta (por los centros Carlos Casares y Saladino Cortizo), entre otros.
Críticos con la gestión de la comunidad -sumida en su propio cisma interno, tras la apertura de expediente a 15 miembros- se mostraron desde Marea de Vigo. Fue Rubén Pérez, su portavoz, quien instó al Ayuntamiento a "cobrar todas y cada una de las multas" por el movimiento irregular de tierras. "El Concello debería ir a la Fiscalía", reclamó.
El nuevo PXOM
Fuera de la esfera judicial, la oposición afeó al gobierno local el haber realizado un "aprovisionamiento genérico", en palabras de Xabier Igrexas, para la ejecución de obras, sin llegar a especificar nítidamente cuáles. "Que se nos diga abiertamente para qué son", prolongó Pérez.
Ocurrió a lo largo de un debate en el que los portavoces tocaron la partitura llamada a ambientar los debates urbanísticos de los próximos tiempos: el PXOM definitivo. A las puertas de que se dé a conocer el primer borrador, si desde el BNG exigieron a Urbanismo "dar cuenta de los trabajos" , el PP censuró la "respiración asistida" que nutre al departamento, tras la aprobación de la ordenación provisional. Caride, en respuesta, templó: "Los técnicos tienen que comprobar la integridad documental (...) pero a partir de ahora comenzarán las reuniones para darlo a conocer, como no podía ser de otra manera".
