La instrucción de la causa contra un clan familiar guatemalteco acusado de dirigir una red ilegal que introducía en Vigo a ciudadanos de su país a los que ofrecían trabajo y después coaccionaban para cobrarles entre 4.000 y 8.000 euros, llega a su fin. La magistrada de Instrucción 5 da por finalizada la investigación con cinco investigados por presunto favorecimiento de la entrada, permanencia, tránsito y permanencia ilegales de ciudadanos extranjeros realizado con ánimo de lucro, así como por delitos de coacciones contra varias de las siete víctimas que figuran como testigos protegidos en la causa.
La jueza, en el auto de Diligencias Previas, ordena la búsqueda y captura de un séptimo investigado y acuerda el sobreseimiento provisional contra otros siete al considerar que no se ha acreditado que tuvieran conocimiento directo del tráfico ilegal de personas. Las acusaciones y las defensas disponen ahora de diez días para solicitar la apertura de juicio oral o bien el archivo de la causa.
El caso se abrió tras una denuncia presentada ante la comisaría de Policía de Vigo por una de las víctimas. La magistrada, en su auto considera que Carmen Alicia T.G., Gladys Iliana S.H., Nicolás Ch.Ch., Silvia Gedalia C.M. y Sonia Yanira S.M. "de forma coordinada" se dedicaban a la captación de guatemaltecas en su país de origen, facilitándoles los medios para realizar el viaje a España simulando ser turistas y solicitándoles a cambio entre 4.000 y 8.000 euros. Cantidad que , señala, era "muy superior a la del viaje, que debían amortizar con su trabajo, amedrentándolas cuando no realizaban los pagos oportunos".
La red, que encandilaba supuestamente a sus víctimas con promesas de sueldos de hasta 1.500 euros como internas dedicadas al servicio doméstico, fue desarticulada por la Policía Nacional a principios de 2017. Además de a los investigados, la jueza tomó declaración a varias de las víctimas que figuran como testigos protegidos.
Una de las testigos protegidos, según recoge el auto judicial, solicitó ayuda para conseguir trabajo en España a una de las investigadas, que le aseguró que se lo conseguiría si bien no le informó de que necesitaba un permiso de trabajo. La red facilitó su entrada como turista en España, facilitándole una carta de invitación y prestándole 600 euros par aparentar solvencia en los cruces de fronteras, solicitándole a cambio el pago de 7.500 euros. Le dieron alojamiento en Vigo en el domicilio de dos de las supuestas integrantes del clan y una de ellas presionaba a la víctima para que abonase la deuda ejerciendo la prostitución.
Víctimas de la presunta red de inmigración ilegal declararon en su día en el juzgado sentirse esclavizadas laboralmente en trabajos domésticos irregulares, de largas jornadas para obtener un sueldo mínimo con el que hacer frente a la deuda contraída y ayudar a sus familias en Guatemala. Casi todas las afectadas son naturales del mismo pueblo, del que también son originarias la presunta cabecilla de la trama y otras investigadas.
