El Juzgado de lo Penal 3 de Vigo inició hoy el juicio de una de las piezas separadas de la Operación Patos, la relativa a la Autoridad Portuaria. Cuatro personas se sientan en el banquillo de los acusados en relación con una obra que se adjudicó por poco más de 26.000 euros: junto a Enrique Alonso Pais, dueño de Eiriña y presunto cerebro de la trama, la Fiscalía acusa a Jaime M. Alvariñas Villanueva, mano derecha de Pais en la empresa; a José Enrique Escolar Piedras, jefe de Proyectos de la División de Obra del Puerto al tiempo de los hechos; y Alberto Torres Peón, empresario.
Ya hubo una vista de conformidad por hechos ocurridos en Nigrán, pero ésta es la primera pieza de la causa principal de la "Patos" en llegar a juicio. La vista arrancó con la exposición de las cuestiones previas por parte de las defensas. El abogado de Alonso Pais denunció vulneración de derechos fundamentales ya que la instrucción que dio lugar a este caso fue "prospectiva" y solicitó que se anulen las escuchas y con ello todas las diligencias porque no hay auto inicial, dijo, que habilitase los "pinchazos" en un teléfono de su cliente.
El resto de defensas se adhirieron a estos alegatos y se expuso también que otras piezas de la Patos por supuestos "idénticos" fueron archivadas, en un caso por un juzgado instructor de Pontevedra y en otros por la Audiencia de Vigo. Consideran con esto vulnerado el principio de igualdad.
Posición de la Fiscalía
La Fiscalía se opuso a estas cuestiones previas, negando vulneraciones de derechos y señalando que el auto de las escuchas citado no se unió a las diligencias en papel, pero "existió" y estaba en el programa informático Minerva.
El Ministerio Público pide en la pieza del Puerto 2 años de cárcel para cada uno de los encausados por la presunta autoría de un delito de alteración de precios en subasta o concurso público y otro de falsedad documental.
La "Patos" sumó decenas de investigados, pero se desinfló poco a poco. Tras múltiples autos de archivos y una pena menor en el caso de Nigrán, solo quedan tres piezas para juicio. Una es la relativa a la obra de la Autoridad Portuaria de hoy, otra es un procedimiento que se tramita como jurado popular y la tercera se derivó a Pontevedra. Esta última es la más destacada, al sumar casi una decena de investigados, entre ellos el expresidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán.
