Suscríbete

Faro de Vigo

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Los comuneros plantean que la Xunta pague canon por el suelo del instituto y el geriátrico

"No vamos a poner una bandera de independencia, pero tampoco regalaremos el terreno", afirma el presidente tras la sentencia que devuelve la parcela a los vecinos de Lavadores

El presidente de los comuneros de Lavadores, José Antonio Domínguez, en las parcelas recuperadas. // R. Grobas

Con lógica satisfacción tras recibir una sentencia que les de la razón después de años de lucha a través de varias vías, el presidente de la Comunidad de Montes Vecinales de Lavadores, José Antonio Domínguez Fernández, espera ahora que las administraciones acaten la resolución, desistan de seguir pleiteando y se "sienten" a "dialogar" para llegar a una solución que satisfaga a los vecinos de esta parroquia viguesa. Un juzgado civil de Pontevedra, como adelantó FARO, acaba de dictar un fallo en el que devuelve a los comuneros los terrenos donde hoy se asientan el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Manuel Antonio y una residencia para personas mayores dependientes. Ambas dotaciones son del gobierno autonómico gallego. A la espera de si la resolución adquiere firmeza -aún cabe recurrir en apelación ante la Audiencia Provincial de Pontevedra-, Domínguez subraya que deben ser compensados económicamente por la existencia de esos centros en la parcela que ahora les pertenece. "Por supuesto que no vamos a poner allí ninguna bandera de independencia; además, el instituto y la residencia realizan un buen servicio, pero lo que tampoco vamos a hacer es regalar los terrenos", afirma, apuntando que una solución idónea sería que la Xunta les pague "un canon" que podrían invertir en "necesidades sociales" en la parroquia. "En la comunidad de montes ni siquiera tenemos un local donde reunirnos", ejemplifica.

La sentencia, del Juzgado de Primera Instancia 4 de Pontevedra, se pronuncia sobre una superficie de 151.000 metros cuadrados del monte "Regueiro Furado o Meixoeiro", gran parte de la cual acabó en manos de la Xunta después de que en 1978 el Concello vigués la cediese gratuitamente para construir la antigua Universidad Laboral. Ahí es donde están hoy el centro de FP y el geriátrico. Los demandantes emprendieron un pleito civil alegando que el Ayuntamiento nunca fue titular de esa porción de monte, que pertenecía a los vecinos, y que por tanto aquella cesión gratuita y la ocupación son ilegítimas. Y la jueza, que condena a Concello y Xunta, les da la razón. "Llevamos muchos años luchando, tanto por esa parcela como por otras del mismo monte; con esta sentencia recuperamos algo que era nuestro", valora el presidente de los comuneros.

"Precisamente a mí me pusieron aquí para recuperar el monte que era de los vecinos", ahonda José Antonio Domínguez, que indica que hay otros terrenos a mayores del que protagoniza este litigio "que son nuestros" y que también se proponen recuperar. Por ejemplo, concreta, el suelo donde se ubica otro centro educativo, el Valentín Paz Andrade, y parte de la parcela en la que está el Instituto de Educación Secundaria (IES) Ricardo Mella. "Esperemos que por el resto del monte ya no tengamos que ir al juzgado a pleitear, no tenemos dinero para eso", afirman los comuneros, instando por ello a la administración a que se reúna con ellos, "reconozca lo que es obvio" y alcancen una solución.

Inversión "social"

Centrado en los terrenos cuya propiedad les ha sido reconocida en la actual sentencia, este vigués pone el acento en que ese monte siempre fue aprovechado por los vecinos. Esa es una cuestión fundamental, ya que la acreditación de esa "posesión inmemorial e histórica" es una de las claves del fallo judicial. Hay constancia de ese monte y de su uso por parte de los residentes desde al menos 1752 y vecinos que comparecieron en el juicio recuerdan que, antes de levantarse las edificaciones, se iba allí a pastar ganado o a recoger leña.

Junto a 113.000 metros cuadrados donde están las edificaciones de la Xunta, otra parte de la parcela que el juzgado les devuelve, de 37.000, fue expropiada en su día para la A-52. "Aquí entra en juego el Estado; los abogados deberán estudiar si no se pasó el plazo para reclamar y de qué manera nos podrían compensar a posteriori por esa expropiación", apunta el presidente de la comunidad de montes.Igual que matizó sobre los servicios que gestiona allí la Xunta, señala que la autovía "hace un servicio y es necesaria". "Pero eran terrenos nuestros y hay que ver cómo se soluciona esto", concluye.

Compartir el artículo

stats