La titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Vigo ha impuesto dos años y nueve meses de prisión, y el pago de una multa de 600.000 euros, a un empresario por defraudar algo más de 326.000 euros a la Agencia Tributaria -cuantía que ahora deberá devolver- mediante facturas falsas. La jueza condena también a la propia empresa, del sector del transporte por carretera y logística de pescado, a otra sanción económica de 600.000 euros.
La magistrada relata en la resolución judicial que la sociedad que fue a juicio era administrada por el acusado y que, junto a otras firmas, se integraba en un grupo empresarial familiar. Concretamente en 2013 y con el objeto de originar un IVA soportado ficticio que disminuyese el resultado de su declaración, señala la resolución, fueron remitidas desde las otras cuatro empresas del grupo a la que ha sido sentenciada facturas que no respondían a "ninguna clase de entrega de bienes o prestaciones de servicios" por importe total de 2,3 millones, lo que dio lugar al fraude fiscal. La sentencia, que no es firme, es por un delito contra la Hacienda Pública y otro de falsedad documental.
