Llegó a ser el órgano judicial de su especialidad más colapsado de España. La situación más crítica la vivió en 2009, cuando acumuló la friolera de 1.660 casos que esperaban a ser resueltos. Comenzaron las medidas de refuerzo y un largo camino para tratar de salir de un colapso de récord. El magistrado de apoyo asignado fue clave para ir reduciendo el atasco. Y en la actualidad, aunque la carga de asuntos pendientes aún es alta, el escenario nada tiene que ver con el que se vivía hace una década. Porque desde entonces el volumen de causas sin resolver bajó un 80%. Se trata de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, la única sala viguesa especializada en materia civil. El colapso se fue reduciendo poco a poco y este 2019, por fin, se ha bajado del medio millar de pleitos. Y es que el año arrancó con 358 casos que aguardan su sentencia, la cifra más baja prácticamente desde su creación.
La Sección Sexta se puso en marcha en diciembre de 2001. Ya desde el principio se advirtió que esta sala, que venía a complementar a la Sección Quinta, era la "crónica de una saturación anunciada". Porque ambos órganos debían soportar, frente a los cuatro que hay en la capital Pontevedra, casi la mitad del trabajo de toda la provincia. Y así fue. El número de asuntos pendientes no paró de crecer hasta llegar al récord imposible de gestionar de 1.660. Era 2009 y aunque la sala ya contaba entonces con cuatro magistrados titulares, se hicieron imprescindibles las medidas de refuerzo. En 2010 se unieron dos jueces de apoyo, cifra que se redujo a uno solo en 2012. Este magistrado, Eugenio Francisco Míguez Tabarés, continuó hasta diciembre de 2017, cuando el Ministerio de Justicia retiró la medida alegando "razones presupuestarias". Un año después este magistrado de refuerzo ha vuelto para seguir ayudando a poner al día la sección: se reincorporó este mismo viernes 1 de febrero.
El panorama ahora en esta sala que se encarga de resolver los recursos de apelación que se interponen contra las sentencias de los juzgados de Primera Instancia y de Familia ya no es tan crítico. Cierto es que aún hay algo más de 350 asuntos a la espera del dictamen de los magistrados, pero son muchos cientos menos que los que se acumulaban hace años. Hay varias razones que son claves para explicar el descenso. Una es precisamente la labor de apoyo que presta el juez de refuerzo. De hecho, una reivindicación eterna de la judicatura viguesa, apoyada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), es que esta plaza se convierta en definitiva para que la sección pueda contar con una plantilla estable de cinco magistrados.
Otra cuestión que ayudó a que en el último año la cifra de casos sin resolver se sitúe muy por debajo de los 500 tiene un carácter puntual: la huelga de funcionarios que paralizó la actividad judicial durante tres meses en 2018. Aunque tras el verano el ritmo empezó a recuperarse, la parálisis causada por el paro redujo de forma significativa el número de asuntos nuevos que registró la sala. Si generalmente son el torno al millar, el pasado año la cifra no pasó de 672. Esto permitió que los magistrados pudieran resolver más recursos pendientes.
Y hay una razón más. Y esa es que las sentencias de cláusulas suelo que dictan los juzgados de Vigo no las revisa la sección olívica. Estas apelaciones las resuelve una de las salas de Pontevedra.
