El fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, confirmó ayer que la Fiscalía Provincial de Pontevedra ya ultima la demanda colectiva de cesación por el deficiente funcionamiento de la autopista AP-9 a raíz de las obras de ampliación del puente de Rande. El litigio, precedido de una investigación del Ministerio Público, se formulará contra Audasa. La competencia del mismo será uno de los juzgados de lo Mercantil con sede en Pontevedra. En principio, los conductores que se podrían unir a esta demanda civil derivada de unas diligencias de protección de los derechos de los consumidores y usuarios son aquellos que realizaron el tramo afectado desde febrero de 2015, cuando arrancaron los trabajos, hasta mayo de este 2018, cuando finalizaron los cortes de tráfico y restricciones derivadas de las obras.
Igual que se actuó en otras cuestiones vinculadas con la defensa de consumidores y usuarios con demandas colectivas frente a empresas suministradoras de bienes y servicios --operadoras de telefonía móvil o de suministro de energía-, por "prácticas abusivas en la facturación", también se procederá de este modo, señaló Suanzes, en el caso de la autopista. Así lo transmitió en su comparecencia en la Comisión 1ª del Parlamento para presentar la Memoria del Ministerio Público "El objetivo es formular una demanda colectiva ante el Juzgado Mercantil que corresponda; estamos contentos en eso porque la Fiscalía Provincial de A Coruña ganó pleitos importantes contra Vodafone o empresas de gas o luz", explicó sobre este tipo de causas.
