Ya ha transcurrido algo más de un año desde el operativo realizado por la Guardia Civil en el puerto pesquero de O Berbés de Vigo, un despliegue que sacó a la luz una presunta trama de descarga y venta ilegal de pescado, con dádivas y regalos de por medio. La que se denominó Operación Govi continúa en la actualidad en fase de investigación en el Juzgado de Instrucción número 4 de Vigo. Y su titular, el magistrado Juan Carlos Carballal, acaba de reactivar el procedimiento, señalando nuevas tomas de declaraciones a investigados y testigos. Ayer mismo hubo dos de estos interrogatorios, en uno de los cuales compareció un policía portuario. Fuentes próximas al caso informaron de que hay más comparecencias señaladas este mismo mes y ya en enero de 2019.
En la causa, que se sigue por el procedimiento del jurado popular, llegó a haber más de una veintena de investigados, si bien esta cifra se redujo sensiblemente a principios de este mismo año, cuando el juez instructor decidió archivar las diligencias en relación con uno de los delitos en el que se indagaba, el de falsedad en documento oficial, exculpando y dejando por tanto fuera del procedimiento a 12 de los inicialmente implicados. La causa se redujo de esta manera a 13 investigados, entre los que figuran policías portuarios, armadores y trabajadores de la lonja. Los delitos por los que se sigue el procedimiento judicial, tras retirarse el de falsedad, son los de cohecho y revelación de secretos.
La imputación ya les fue trasladada a los investigados en la comparecencia que se contempla en el artículo 25 de la Ley del Tribunal de Jurado, la misma en la que las defensas pidieron el archivo de la causa -y en algunos casos también la nulidad- al estimar que lo que se atribuye a sus clientes se basa en "meras conjeturas".
Tras ese paso en la instrucción, hubo declaraciones de varios testigos, entre ellas de un vendedor de marisco y un empleado de una empresa relacionada con el puerto, si bien en los últimos meses no se habían producido comparecencias en relación con este caso. Las mismas se retomaron ayer y habrá nuevas jornadas de tomas de declaraciones de forma previa a que, una vez se completen todas las diligencias, el magistrado adopte una decisión definitiva sobre el asunto.
La investigación judicial y de la Guardia Civil destapó que, a cambio de facilitarse la supuesta descarga irregular de pescado, había policías portuarios que recibían dádivas o regalos, así como presuntos sobornos por avisar de las inspecciones previstas. Aunque el operativo explotó en octubre de 2017, las pesquisas ya habían empezado meses antes, en mayo. Los investigadores comprobaron como supuestamente quienes no cedían a los sobornos se les asignaban los peores puestos de venta o eran multados por infracciones que se transigían a la mayoría de los usuarios, como fumar en la lonja o carecer de documentación de trazabilidad de las cajas de pescado.
