El Consello Económico y Social de Vigo valida el proyecto de presupuestos para 2019. Organizaciones empresariales, sindicatos y colectivos sociales alaban la "estabilidad" económica de la ciudad y el importante nivel de inversiones en un contexto de tensiones y bloqueo en otros muchos municipios. No obstante, este reconocimiento a la "buena salud financiera" del consistorio ha animado tanto a la patronal como a los sindicatos a demandar un mayor esfuerzo por parte del gobierno local para que en lugar de la congelación fiscal aprobada inicialmente para el próximo ejercicio se opte por una reducción selectiva de impuestos y tasas para las empresas más dinámicas en creación de empleo o con planes de expansión y para las familias con rentas más bajas. Esta demanda coincide con la realizada por los grupos de la oposición, que además pidieron una mayor participación de los ciudadanos en la elaboración de las cuentas y en el destino de una parte de los fondos destinados a inversión.

El alcalde, Abel Caballero, y el edil de Hacienda, Jaime Aneiros, explicaron de forma pormenorizada las cifras de un presupuesto récord con 257,5 millones de euros, deuda cero y 31 millones de inversión en obras. También dieron cuenta de los plazos de pago a proveedores que mantienen a Vigo en las primeras posiciones a nivel nacional, un balance que valoran especialmente desde la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP) para evitar tensiones a las empresas que contratan con el ayuntamiento.

Su presidente, Jorge Cebreiros, destacó la "certidumbre" que la actual gestión económica ofrece a los inversores y demandó una reducción de IBI, IAE y tasas a algunas empresas seleccionadas en función de su dinamismo y compromiso social. Acudió acompañado de Enrique Mallón, miembro de la CEP y Asime, con el que coincidió en priorizar la inversión en infraestructuras y la colaboración con otros concellos del entorno para mejorar la movilidad de los trabajadores. Cebreiros recordó el proyecto pendiente en la ciudad de habilitar un espacio para aparcar los vehículos de mercancías. Los empresarios insistieron en que los remanentes deben destinarse a inversión productiva.

Desde la CIG, Alberte Gonçalves, también alabó la "estabilidad" económica de Vigo y pidió que se aproveche para "avanzar en una fiscalidad progresiva y más justa con las familias con menos recursos". Piden rebajar impuestos y tasas recordando que hay 60.000 personas en riesgo de pobreza, al tiempo que pidieron un mayor esfuerzo en guarderías y política social pese a reconocer el aumento de la partida a 17,8 millones de euros y a que "otras administraciones, como la Xunta, no hacen su parte".

La ejecución de las ofertas de empleo público pendientes fueron otro de los temas reclamados al tiempo que se criticó el "déficit democrático" en la elaboración de las cuentas por el envío de una parte solo de la documentación a los miembros del Consello, punto en el que también incidió Marea de Vigo, que reclamó un mayor esfuerzo en políticas sociales y denunció la continuidad del proyecto de años anteriores.