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Costas estudia el oleaje en Toralla para decidir si recupera el suelo del borde litoral

Los propietarios pidieron un nuevo deslinde para oficializar la ocupación irregular de la ribera de mar - Urbanismo se opone por entender que impediría el libre acceso ciudadano

Una da las viviendas construidas en la isla de Toralla en Vigo // R. Grobas

La ocupación irregular del dominio público marítimo-terrestre en la franja litoral de Toralla ha llevado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a encargar por primera vez un estudio sobre el oleaje en la zona para determinar si estos terrenos comprendidos entre las viviendas privadas y la ribera de mar son efetivamente alcanzados por el agua en los mayores temporales conocidos o si ya no lo son. En función del resultado se resolverá después de más de ocho meses de incertidumbre si finalmente se acepta el nuevo deslinde propuesto por los dueños de los chalés que desembocan directamente en la Ría o se opta por el contrario por recuperar esta franja de costa de titularidad pública y se garantiza el libre acceso ciudadano tal y como reclamó la Gerencia de Urbanismo a la Dirección General de Costas en febrero y el propio Pleno vigués demandó al Ejecutivo central.

Fue el pasado febrero cuando el Concello, ante una consulta urbanística planteada por el Servicio provincial de Costas de Pontevedra, emitió informes contrarios a la desafectación de las parcelas ubicadas en el tramo izquierdo de la isla. El deslinde planteado por los dueños de las casas suponía, según los técnicos municipales, "reducir drásticamente las posibilidades de materializar el libre tránsito mediante una senda, paseo o itinerario de uso público", compromiso asumido por el Gobierno central en el año 2008 para recuperar la servidumbre de paso y que quedó indefinidamente aparcado por los recortes presupuestarios aplicados desde Madrid a partir de ese momento.

Desde entonces no se había movido nada hasta que a principios de año el gobierno local se vio sorprendido por la nueva propuesta de deslinde que pretendía oficialiar la "ocupación de facto" de la ribera de mar a la que debería tener acceso libre cualquier ciudadano. El ayuntamiento se posicionó en contra de estos cambios y, pese a las reiteradas consultas al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, no fue hasta ahora cuando se anunció "el encargo de un estudio a fin de determinar si concurren las circunstancias excepcionales que establece el Reglamento General de Costas en su artículo 38.2 para que se produzca la citada declaración de innecesariadad y, en su caso, posible posterior desafectación del suelo".

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Desde el Gobierno aseguran que el expediente se encuentra actualmente "en tramitación" y que, por lo tanto, no hay una decisión tomada. En concreto, informan de que el estudio encargado entra a valorar "si los terrenos objeto de la petición resultan o no alcanzados por el oleaje en los mayores temporales conocidos". Es decir, se trata de determinar si los terrenos cuya declaración de innecesariedad se solicita no resulten alcanzados por un temporal con periodo de retorno de 50 años. El Reglamento General de Costas establece que para dicho cálculo no se tendrán en cuenta las obras que hayan podido realizarse para disminuir el alcance del oleaje.

El terreno comprendido entre el dominio público marítimo-terrestre y la línea de ribera en Toralla ha sido asumido por las propiedades privadas, que han construido en esta zona intermedia al menos cuatro piscinas e instalado mobiliario de jardín. En algunos casos incluso vallaron el suelo que se utiliza en la práctica como zona privada. Las fincas desembocan en algunos casos en las rocas sin respetar la servidumbre de paso que es lo que el Concello quiere garantizar.

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