El delegado de Zona Franca, David Regades, reiteró ayer su negativa a participar en el pionero proyecto empresarial para la Formación Profesional tras conocer la posición -en principio definitiva- que adoptó la Xunta tras perder casi la mitad de la financiación: el campus de FP no saldrá adelante sin la aportación económica pactada en su día por el Consorcio.

Regades aludió a advertencias tanto del Ministerio de Hacienda como del Tribunal de Cuentas en relación a otros convenios. Y es que estos proyectos también estarían excediéndose en sus competencias, argumento empleado por el ente para apartarse de la iniciativa del campus FP. "No es un problema de voluntad ni presupuestario. El problema es de quien obstenta las competencias en materia de Educación; la Xunta", reconoció Regades.

En concreto, los proyectos "apercibidos" fueron el convenio "Abrir Vigo al Mar" y la operación de compra a la Xunta y cesión a la Universidad de los terrenos de la ETEA. Sobre el primero, tuvo lugar durante la primera inspección del Tribunal de Cuentas al órgano estatal. Tras esto, se redactó un informe en el que se esgrimía que Zona Franca no puede colisionar con actividades de otras administraciones, y tiene que delimitarse a la promoción económica de Vigo y su área; es decir, actividades que tengan un retorno económico.

En cuanto a los terrenos de la ETEA para la puesta en marcha del Campus del Mar, el IGAE (Hacienda) requirió las cuentas del año 2017 y decidió hacer un apunte: esta cesión no podría calificarse como existencia y tendría que llevarse a pérdidas.

Además de estas advertencias en distintos convenios, Regades hizo alusión a la negativa por parte del Gobierno central a la anterior delegada Teresa Pedrosa cuando remitió el proyecto. "Sabía de la negativa de Hacienda y jugaron al despiste; en estos momentos no nos acompaña la ley", valora. A este respecto, hay que tener en cuenta que la Ley 40/2015 obliga a esta institución a remitir cualquier convenio antes de ser firmado a Madrid, que dictará a favor o en contra. Esta intervención también dirime otros proyectos en los que está involucrada Zona Franca como la reforma de la Panificadora o la posible participación en la del estadio de Balaídos.

Lo cierto es que si bien no se había iniciado el expediente ni "una memoria justificativa", el Comité Ejecutivo de Zona Franca el pasado 30 de mayo sí autorizó el proyecto y contaba con el beneplácito de la dirección del Consorcio. Según se esgrime en el acta, al igual que en el acto de presentación del pasado abril, Zona Franca se encargaría de levantar el edificio en el que más de 7.200 alumnos de FP podrían desarrollar sus patentes, potenciar su I+D+I así como trabajar en un vivero industrial con la maquinaria e infraestructuras que estas empresas necesitarían. Las obras correrían a cargo del Consorcio por 5,5 millones de euros. La Consellería de Educación, por su parte, se encargaría de la redacción del proyecto y gestión posterior con una inversión de 7,1 millones.

Su desmarque casi por sorpresa deja cojo un pionero proyecto en la ciudad que buscaba premiar y potencia el talento de alumnos de Formación Profesional, demanda también de los empresarios del área que requieren trabajadores más preparados y mejor cualificados. A este respecto, David Regades insistió al Ejecutivo autonómico en que "no pierda un minuto" para poner un marcha un plan para el futuro de la FP en Galicia. "Si la Xunta no tiene 5 millones de euros para invertir en Vigo, tenemos que estar sumamente preocupados", aseveró.