Patronal y estibadores negocian desde hoy cómo adaptar el sector a la liberalización

Faltan dos años y seis meses para que concluya el periodo transitorio de tres años que fija el decreto aprobado en mayo por el Gobierno para que la prestación de servicios portuarios funcione en España por completo liberalizada, y todavía quedan por concretar aspectos esenciales sobre el funcionamiento futuro de este sector. La primera cuestión, clave para evitar que se reproduzcan huelgas como las que castigaron a puertos como el de Vigo entre marzo y junio, es la negociación colectiva entre patronal y sindicatos que debería alumbrar el conocido como V Acuerdo Marco. Se espera que esta normativa especifique los términos de la liberalización del sector, por ejemplo, cómo afectará a esa plantilla actual que todavía ejerce en exclusiva las labores de carga y descarga en los muelles de titularidad estatal. Desde que ambas partes sellaron en junio el pacto que permitió poner fin a los paros, la patronal Anesco -ahora con la directiva renovada- no se había vuelto a reunir formalmente con los sindicatos. Lo harán hoy, pero con más dudas que expectativas.

A pesar de que durante el verano mantuvieron contactos informales donde la patronal ratificó su postura favorable a firmar un acuerdo que incorpore la subrogación de trabajadores, el plazo que Anesco y sindicatos se dieron para cerrar un principio acuerdo, con fecha tope el próximo 30 de septiembre, difícilmente podrán cumplirlo. Entre las posibles razones podrían estar las apuntadas estos días por medios bien informados como el Es trecho Digital, que culpaban a la ausencia del reglamento que el Ministerio de Fomento debe sacar para el desarrollo del Real Decreto Ley. Porque hay cuestiones como la formación de los estibadores y la creación de los Centros Portuarios de Empleo "que dependen del texto que aporte el Gobierno", afirmaba el citado medio.

Entretanto, esta semana se supo que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) investiga si ese acuerdo que buscan sindicatos y patronal vulnera las leyes de libre competencia.