Decenas de personas salieron a la calle para apoyar a Elisa, portavoz del Centro de Solidaridad Popular de Vigo y a la que acusan de usurpación de una vivienda que se encontraba abandonada y que ha convertido, junto con otros "okupas", en un Centro Social Okupado Autogestionado (CSOA).

En 2.014, los "okupas" decidieron aprovechar un inmueble abandonado "hace más de 10 años" para levantar un centro social que atendiese las necesidades básicas de las personas, aunque tiempo después fueron denunciados por los propietarios del mismo.

Para hoy está previsto el fallo del recurso interpuesto contra la sentencia que condenó a la Red a abandonar el inmueble y a su portavoz Elisa, a una multa de 800 euros.