Arquitectos, abogados y aparejadores respaldan retomar el PXOM y garantizan su colaboración

Arquitectos, abogados y aparejadores respaldan la intención del Concello de mantener el "modelo" de ciudad que recoge el PXOM de 2008, anulado la semana pasada por el Tribunal Supremo por carecer de un trámite medioambiental. El alcalde, Abel Caballero, mantuvo ayer una reunión con los representantes de los tres colectivos -el presidente de la delegación viguesa del Colegio de Arquitectos, Antonio Davila; el del Colegio de Aparejadores, Pelayo C. Eyo; y la decana del Colegio de Abogados, Lourdes Carballo- para informarles de la "senda" que ha decidido marcar el Concello para dotar a Vigo de un nuevo Plan Xeral y su voluntad de preservar la "filosofía" del documento anterior. Una vez finalizada la entrevista, Davila destacó que recuperar el texto de 2008 -con modificaciones puntuales y actualizaciones- y sacarlo adelante "lo antes posible" supone la opción "más rápida, ágil y beneficiosa". "Va a tener la colaboración de todos los grupos y profesionales que hemos estado aquí", insistió el representante de los arquitectos de Vigo.

"Queremos un diseño de ciudad como el que había en el plan", apunta Carballo, quien coincide con arquitectos y aparejadores en resaltar que en la ciudad "no hay inseguridad jurídica". Tras la anulación del PXOM de 2008 entró en vigor, de forma automática, el plan anterior, aprobado en 1993. "No estamos en una situación de abismo", remarca la decana de los abogados vigueses. Durante la reunión se habló también de las "fórmulas" que permitirían agilizar aquellos proyectos "clave", como la Ciudad de la Justicia, la ampliación del polígono de Balaídos o la futura estación intermodal. "Es una decisión que tiene que venir del acuerdo entre las administraciones. Nosotros pensamos que la más rápida sería aquella que conlleve acuerdo entre Xunta y Concello", anota Davila. De opinión similar, Carballo recuerda que la Ciudad de la Justicia es una "reivindicación" histórica de la judicatura viguesa: "Si hay fórmulas para sacarla adelante lo antes posible, estupendo. Confiamos en las dos administraciones".

Las entrevistas de ayer son las primeras de una ronda que mantendrá el Concello para explicar la hoja de ruta que permitirá a Vigo disponer "cuanto antes" de un nuevo PXOM. Una ruta que -detalló Caballero- tiene dos grandes pilares: el primero, preservar la "filosofía" del plan ahora anulado; y la segunda, recurrir a figuras como la "supramunicipalidad" para desatascar los proyectos más importantes y urgentes. "Con independencia de que haya aspectos que no nos gustan, por razones de rapidez en la tramitación mantendremos la filosofía del PXOM de 2008", argumentó el regidor.

Sobre el segundo punto, explicó que Vigo tiene sobre la mesa tres "tramitaciones singulares" -la Ciudad de la Justicia, la ampliación del polígono de Balaídos y la estación intermodal- para las que se va a plantear "que vayan por mecanismos urbanísticos de la Xunta". El objetivo es agilizar su puesta en marcha. Caballero recordó además que dos de esos proyectos -la Ciudad de la Justicia y la intermodal- son competencia del Gobierno autonómico. El Concello valora que una cuarta actuación se beneficie de esa vía, aunque no concretó cuál.

Caballero abogó también por lograr un "consenso amplio" con colectivos ciudadanos sobre la vía a adoptar y avanzó que la próxima semana, "sin dilación, ni dudas", "empezaremos a tomar decisiones". "Trataremos de que el plan esté aprobado lo antes posible y para eso es muy importante la cooperación entre administraciones", recalcó el regidor. Según apuntó, la mayoría absoluta de la que goza el gobierno olívico le permite agilizar la tramitación municipal, por lo que espera la misma actitud de la Xunta de Galicia y el Ejecutivo central.

Sobre la "fórmula" para desatascar grandes proyectos -la semana pasada se barajaron dos opciones: recurrir a la supramunicipalidad o realizar modificaciones puntuales al plan de 1993-, Caballero insistió en que "iremos por la vía que nos dé seguridad y más celeridad". En cualquier caso, recalcó que, amparado por el plan del 93, en Vigo "no hay inseguridad jurídica".

Lo que también valora Caballero, quien ejerce como presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), es "repensar" las competencias para que los ayuntamientos no "paguen decisiones incorrectas tomadas por las comunidades autónomas en nuestro propio ámbito, el de la ordenación municipal". "A lo mejor hay que darle una repensada a todo esto", concluyó el regidor, quien recuerda que la anulación del Plan Xeral "es una sentencia contra una decisión de la Xunta de Galicia, la institución; no tienen nada que ver los colores políticos".