Una "contundente" repulsa a la privatización del servicio, una "extraordinaria" demostración de que valora la sanidad pública y una advertencia de que está dispuesta a luchar por mantener su gratuidad, equidad, universalidad y calidad. Así valora la junta de personal del Chuvi la multitudinaria respuesta de la ciudadanía de Vigo y los otros 25 municipios que componen el área sanitaria a la convocatoria del jueves. Los representantes de los trabajadores -a la vez que usuarios- exigen a la Xunta que tome nota de la histórica manifestación y que rescate la concesión del nuevo hospital de Vigo a manos públicas. Reclaman, además, que se asuman "responsabilidades políticas" ante la situación generada.
Los sindicatos entienden que la población se ha concienciado de los perjuicios del modelo de colaboración público-privada escogido para la construcción y explotación de los servicios no sanitarios del Álvaro Cunqueiro al constatar sus denuncias sobre los recortes en las infraestructuras y recursos del área, las deficiencias halladas en las dependencias o las medidas de copago introducidas con el aparcamiento y otros servicios del hospital, entre otras cuestiones. Demandan que tanto la concesión de este complejo como todos los servicios externalizados sean revertidos al sistema público.
Por la gestión de todo lo relativo al nuevo hospital, la junta de personal entiende que "tiene que haber unas cabezas responsables" y que debe ser el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, el que "determine los cambios políticos para resolver la situación generada". Destacan que fueron los alrededor de 200.000 manifestantes -según sus cálculos de participación- los que "pidieron con insistencia la dimisión de la conselleira de Sanidade [Rocío Mosquera], también de responsables del área sanitaria e, incluso, la de Feijóo".
A la Gerencia del área sanitaria le han solicitado la creación de una comisión de investigación sobre las condiciones medioambientales del complejo de Beade y los controles realizados. Compuesta por directivos, profesionales y delegados de salud laboral, demandan que tenga acceso a los informes sobre las analíticas realizadas. "Queremos que nos haga partícipes de la información y ya no nos fiamos de las palabras, necesitamos papeles", exponen. Reclaman que se mantenga paralizado el traslado mientras no se demuestre documentalmente las garantías biosanitarias del centro y advierten de que pedirán también la evacuación si, "a la mayor brevedad posible", no se hace lo mismo con las áreas abiertas.
Ante la Fiscalía presentarán la próxima semana una denuncia por falta de garantía de la seguridad del paciente en este proceso de puesta en marcha del hospital. Esta cuestión abarca desde la limpieza del centro al déficit de personal. Además, mantendrán las movilizaciones.
Por su parte, la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública exige a la consellería la creación de un gabinete de crisis para "evaluar los problemas y proponer medidas para corregir los enormes fallos y deficiencias que presenta" el Álvaro Cunqueiro. Pide que esté integrado por técnicos del departamento autonómico, jefes de servicio, la junta de personal y representantes sociales.
El colectivo entiende que la marcha que colapsó Vigo el jueves es una "muestra del rechazo social" a los "recortes" en el complejo de Beade e insiste en exigir la dimisión de la conselleira de Sanidad, Rocío Mosquera, como "responsable directa del desastre", así como el rescate de la concesión.
La asociación vincula el modelo de financiación público-privado a la reducción en el número de camas, quirófanos, laboratorio y personal, y también a los "copagos" por el aparcamiento y las bebidas, y las "deficiencias estructurales" en techos y paredes del nuevo centro hospitalario.
