Un contundente y crítico comunicado. El presidente de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, Jaime Carrera Ibarzábal, y los otros tres magistrados titulares de esta sala viguesa especializada en materia civil, Juan M. Alfaya Ocampo, Julio Picatoste Bobillo y Magdalena Fernández Soto, firman un texto en el que denuncian la "escandalosa falta de seriedad", "incoherencia" y "desacierto" que supone el hecho de que en el Real Decreto del Ministerio de Justicia aprobado el pasado 31 de octubre no se incluya la creación quinta plaza de juez para este tribunal. Y alertan de que, ante la previsión de que en "dos meses" se suprima el refuerzo con el que cuentan en la actualidad, se corre el peligro de que esta sección, que llegó a ser la más colapsada de España entre las de su especialidad, vuelva a estar en los primeros puestos en este ranking nacional.
La Sección Sexta llegó a sumar más de 1.600 casos pendientes. Los refuerzos y la bajada de litigiosidad derivada del tasazo de 800 euros que hay que pagar para recurrir ayudaron a reducir esta cifra, pero a día de hoy sigue siendo muy elevada. Así lo revelan las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) relativas a los tres primeros trimestres de este 2014: con 818 asuntos a la espera de darle trámite, la sala viguesa ocupa el puesto 19 en lo que a pendencia se refiere entre el total de 101 secciones civiles de España. Sólo la superan tribunales de Madrid, Barcelona, Málaga, Las Palmas de Gran Canaria y Cantabria. En este período entre enero y septiembre de este año, la sección además ingresó 665 asuntos y resolvió 832. Cifras de entrada y resolución que están muy por encima de las que registran las dos salas civiles con sede en Pontevedra.
Los magistrados titulares de la Sección Sexta firmaban ayer mismo un comunicado mostrando su malestar por la no creación de la quinta plaza de juez para esta sala. "Solo un desconocimiento inexcusable y la incoherencia pueden explicar una decisión ministerial contraria a los dictados de la razón", empiezan el texto. "Después de que la Sala de Gobierno [del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia] haya reiterado durante años la necesidad de un quinto magistrado para la Sección Sexta, a fin de evitar la creciente pendencia debida al exceso de carga de trabajo, y después de haber sido auxiliada de modo continuado por un magistrado de apoyo en comisión de servicio, y en ocasiones por dos, el Ministerio de Justicia crea por Real Decreto 112 plazas en órganos colegiados [de toda España] y omite remediar una carencia largamente denunciada y padecida por la Sección Sexta, prestando oídos a una tan incomprensible como desafortunada propuesta de instancias autonómicas y desoyendo la más acertada del Consejo General del Poder Judicial", denuncian.
Propuestas
Antes de aprobarse el Real Decreto, la comisión mixta Xunta y TSXG mandó su propuesta al ministerio. Si bien inicialmente proponía que, para el caso de Vigo, se crease una plaza de magistrado en la Sección Sexta o en la Sección Quinta especializada en Penal -y de forma alternativa que se dotase con un nuevo juez a ambas-, finalmente, tras enviarle Justicia su previsión en que sólo la contemplaba para la Quinta, el Gobierno autonómico se mostró conforme. El CGPJ aconsejó dotar de plazas a ambas salas viguesas, pero el ministerio mantuvo sólo crearla en el órgano penal.
Los magistrados de la Sección Sexta recuerdan que el juez de refuerzo con el que cuentan estará hasta diciembre y que la "previsión" es suprimir a continuación esta comisión de servicio, con lo que "se volverá a los tiempos en que la prensa la presentó [a la sala] como uno de los tribunales más colapsados de España". "La actual falta de creación de una plaza tan necesaria es un gesto de escandalosa falta de seriedad y la Justicia no está para desaciertos de tal calibre", añaden, alertando que las carencias de la sala donde trabajan son "estructurales" "y no meramente coyunturales". "La ligereza e irreflexión, la falta de un verdadero análisis y conocimiento de la situación ha conducido a este resultado final", aseveran.
Los jueces prosiguen que algunas decisiones del Real Decreto son "indefendibles". "Se crean plazas de magistrados en otras audiencias de España cuya carga de trabajo y pendencia son muy inferiores a las de Vigo; donde la necesidad, no era, ni de lejos, tan acuciante. Incomprensible y lamentable". Y afirman que no dotar a su sala de un magistrado más "propicia que, en esta provincia y dentro de la misma Audiencia, se mantenga durante años una justicia de dos velocidades". "Diríase que la dilación en el remedio se recibe con la indiferencia de quien abriga la esperanza final de una Sección Sexta viguesa ahogada en el colapso para provocar, a última hora, una repentina, interesada y salvadora aparición de un desocupado Séptimo de Caballería", dicen, en referencia al temor de que les resten casos para llevarlos a Pontevedra.
