El gobierno local obtuvo ayer la mayoría suficiente, con los votos del PSOE y el BNG -el PP se pronunció en contra- para presentar un conflicto de competencias contra la ley de reforma local, con lo que solicitará un dictamen al Consejo de Estado y después lo remitirá al Tribunal Constitucional, delegando las acciones en el ayuntamiento de Barcelona, el de mayor representatividad por población entre los que plantean el conflicto.
El BNG presentó una moción en el mismo sentido que se debatió conjuntamente, con la particularidad de que solicita también una reforma constitucional amplia que sitúe a ayuntamientos y comunidades autónomas como estructuras territoriales básicas del Estado y suprima las diputaciones. El PSOE apoyó la propuesta íntegra, con lo que suscribe el acuerdo de supresión de las instituciones provinciales. Font, en su turno de palabra, matizó que los socialistas se desmarcaban de este punto porque "el PSOE ha presentado su propio documento, que ha sido bien acogido e intenta evitar las tensiones territoriales".
El edil afirmó sobre la reforma local que es "un auténtico ataque" contra la autonomía de los ayuntamientos y asegura que "se vacían de contenido las competencias locales, alejándolas de los ciudadanos y avanzando en la privatización de la Administración".
José Luis Álvarez (PP) defendió que la ley "mejora el control de la financiación de la administración" y sostiene que al PSOE "le molesta tener que cumplir la estabilidad presupuestaria". Iolanda Veloso, por su parte, afirma que la reforma "no supone un control de gasto, sino político", y mantiene que "lo que realmente ahorraría sería hacer desaparecer las diputaciones".
