A los alcaldes del PSOE tampoco les convence la versión definitiva del Gobierno sobre la reforma local pese a haber rectificado algunos de los aspectos clave del documento tras la rebelión del municipalismo. El alcalde de Vigo y vicepresidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, carga contra el poder que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local da a las diputaciones en detrimento de la pérdida de autonomía municipal y advierte de que la reforma aumenta las duplicidades, mermará la calidad de los servicios y acarreará la destrucción de "cientos de miles" de puestos de trabajo.
El texto aprobado el viernes rectifica en dos de los aspecto clave de la reforma local cocinada por Hacienda: elimina el coste estándar y rebaja el protagonismo que en un principio se proponía dar a las diputaciones. Sin embargo, los alcaldes del PSOE advierten de que el poder que se da a las corporaciones provinciales convierte a los ayuntamientos en entes subsidiarios.
"Esta reforma impone dependencia donde necesitaba autonomía y donde había que potenciar a los ayuntamientos y anteponerlos a las diputaciones, fortalece a los entes provinciales", cuestiona Caballero.
Y va más allá. Los servicios municipales no se ofrecerán a menor coste ni serán más eficientes. Todo lo contrario, según augura: "La reforma impone carestía y baja calidad". A juicio de Caballero, la norma tampoco evita duplicidades, pese a ser su principal objetivo. "Al no establecer bien las competencias, las aumenta", sentencia el también regidor de Vigo. Y al dar más protagonismo a las diputaciones, que podrán coordinar los servicios municipales en los ayuntamientos con déficit, en especial los de menos de 5.000 habitantes (el 65% del total en la comunidad gallega), solo generará "despilfarro". Ni "racionalidad" ni "ahorro", concluye el representante de los alcaldes socialistas en la FEMP.
Sobre el traspaso de los servicios sociales a las comunidades autónomas, Caballero se muestra muy crítico porque -advierte- acarreará la "eliminación de la atención social".
Ley de diputaciones
Un día después de que el Consejo de Ministros aprobase el texto definitivo -tras más de diez borradores-, Caballero ratifica lo que ya había anunciado su partido hace semanas si el Gobierno no paralizaba la reforma local y retomaba las negociaciones en septiembre: un recurso ante el Tribunal Constitucional.
"Lo mejor que podría pasar es que el Gobierno meta la reforma en un cajón, pero sabemos que esto no ocurrirá", lamenta el vicepresidente de la FEMP. "Que le cambien el nombre a la ley -ironizó- por el de Ley de destrucción municipal, con un subtítulo: las diputaciones del siglo XIX mandan en el siglo XXI".
