El Rectorado deja en manos de los directores de departamento el futuro de los profesores asociados tras la aprobación en Consello de Goberno de la aplicación del decreto de racionalización del gasto educativo que conlleva el aumento del horario docente. Incrementar esta carga, una medida que no han tomado ni Santiago ni A Coruña, implicará renunciar en enero a la renovación de, al menos, 36 personas, según cálculos de sindicatos ya que no existen cifras oficiales, y de otro centenar el próximo curso.

A falta de un acuerdo mayoritario con los comités de personal laboral, el Consello de Goberno dio ayer luz verde, con el voto en contra del grupo opositor Nova Universidade, a la aplicación del "decreto Wert" en el segundo cuatrimestre. El rector Salustiano Mato enfatizó que la Universidad "no está despidiendo a nadie", sino prescindiendo de personas con otra ocupación principal, y añadio que debe acatar la medida aunque esté "radicalmente en contra", para evitar una situación de "inseguridad jurídica".

La sesión contó con la presencia de varios profesores asociados y de estudiantes que acudieron para apoyarlos, pero todos tuvieron que permanecer de pie por falta de aforo ofreciendo una imagen inédita en muchos años.

Desde la plataforma de afectados acusan al rector de "lavarse las manos" y de "trasladarle la pelota a los departamentos", que además de despedir a los asociados que se queden sin horas de clase deberán modificar toda la planificación docente a mitad de curso con el consiguiente "perjuicio" para la plantilla y el alumnado.

"El proceso se alargará hasta finales de diciembre y puede que nos vayamos de vacaciones sin saber qué asignaturas impartiremos a la vuelta. Esto es una chapuza y los estudiantes, que se han matriculado con unos horarios aprobados, están totalmente desprotegidos", señala Sabela Cebro, profesora asociada en Traducción e Interpretacción.

"Somos los más inestables y los más fáciles de echar. Todos podemos entender que en el actual contexto de crisis no se renueve a profesores que no tengan docencia pero me siento maltratada, como si fuese una trabajadora de segunda. Tengo mis asignaturas adjudicadas desde abril y ahora pueden cambiármelas. Esto repercute en la calidad docente", advierte.

Los 383 profesores asociados de la Universidad le suponen 13,2 millones de euros, el 5,7% del gasto total que realiza en todo el personal docente e investigador. La justificación de esta figura laboral es ofrecer a los estudiantes la visión de profesionales en activo. "Son centenares de contactos con la empresa que resultan fundamentales y que se perderán", critican los afectados, que no descartan convocar movilizaciones de protesta en los próximos días.