Con las acusaciones de sindicatos y de la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública de "recortar" el proyecto del nuevo hospital como telón de fondo –mañana lideran una manifestación en Vigo–, la conselleira de Sanidade, Pilar Farjas, salió ayer a la palestra para defender un hospital "100% público" y avanzar los detalles de la distribución de los espacios interiores del futuro complejo sanitario, ahora en obras (con 200 trabajadores). Una comparecencia en el Parlamento que la oposición tildó de "tomadura de pelo a todos los gallegos" al no concretar, precisaron los nacionalistas, "datos clave" como el número de camas destinadas a hospitalización, la población que atenderá tanto el nuevo hospital como Povisa –"¿cómo se gestionará la voluntariedad de adscribirse a este centro?", se pregunta el Bloque–, el destino de los edificios sanitarios que quedarán en desuso, el canon que la Xunta pagará a la concesionaria o el compromiso con los plazos.

Pilar Farjas aclaró estos dos últimos aspectos ratificando el término de la obra para finales de 2013, aunque añadió un nuevo horizonte: "La fase de implantación de equipamiento está prevista para el primer cuatrimestre de 2014", anunció, al tiempo que defendió estar "cumpliendo los plazos". Desde Sanidade precisan que esta fecha se recoge en el contrato de concesión.

Las intervenciones de la conselleira y de los tres grupos parlamentarios se prolongaron durante una hora y media, en la que no faltaron reproches y acusaciones. Farjas abrió la comparecencia realizando un cronograma con cada paso dado por su departamento para que el complejo de Beade-Valladares pueda estar hoy en proceso de ejecución para acto seguido hacer un repaso de su distribución espacial. Habrá tres zonas "claramente diferenciadas": un área ambulatoria, con consultas externas, gabinetes de exploración, hospital de día y hemodiálisis (con tres accesos exteriores); el de hospitalización, con 24 unidades distribuidas en cuatro niveles; y un bloque técnico, situado en la parte más alta de la parcela, que incluye los servicios de Urgencias, Diagnóstico por Imagen, UCIs, quirófanos, zona obstétrica y neonatología.

Los tres bloques estarán conectados por un "corredor organizativo que se desarrolla a todas las alturas del edificio", según las explicaciones de la conselleira, que ofreció toda una retahíla de detalles técnicos que el socialista Modesto Pose tachó de "recorrido turístico por el hospital". "Si no tiene nada que decir que supere el valor del silencio, calle", espetó el diputado del PSOE. "Solo le faltó decir el color de las paredes y si las plantas de los pasillos van a ser artificiales o naturales", consideró Ana Luisa Bouza, del BNG.

Ante las preguntas lanzadas por la parlamentaria nacionalista, la conselleira de Sanidade aclaró que el canon que la Xunta abonará a la UTE liderada por Acciona y Puentes durante 20 años asciende a 56,5 millones de euros anuales, que se reparten en 36,2 por la construcción y 24,2 por la gestión de los servicios no sanitarios (limpieza, transporte, vigilancia y seguridad, central de abastecimiento y tratamiento del agua, reprografía e imprenta, etc.).

En este sentido, Farjas defendió las "ventajas" del sistema concesional, que aparte de permitir "acortar tiempos", evitar posibles ampliaciones presupuestarias y "no consolidar deuda", también "supone un ahorro de 3 millones de euros anuales" en la gestión de los servicios no sanitarios, puesto que, según la titular autonómica, actualmente los servicios externalizados en el Chuvi generan un desembolso superior a los 27 millones de euros, frente a los 24 del nuevo hospital. "El hospital público de Vigo es el mayor compromiso del gobierno gallego", afirmó la conselleira.

La financiación fue un aspecto que no pasó desapercibido. Los socialistas denunciaron un aumento del coste con el modelo concesional de 450 millones de euros e hicieron mención de la "incertidumbre que hay sobre la financiación". "En Concessia –una de las empresas de la UTE adjudicataria– está lo mejor de cada caja", ironizó Pose en alusión a la CAM, entidad "que forma parte de Concessia y que ha sido intervenida por el Banco de España". "Se abre la puerta a nuevas privatizaciones de servicios sanitarios", dijo. La diputada del Bloque Ana Luis Bouza fue más explícita al indicar que la Xunta "pagará un interés más alto del que la CAM abonará por el dinero público recibido –a través del FROB–".

Farjas, apoyada por las intervenciones del diputado del PP Miguel Santalices, criticó a la oposición por censurar el modelo de concesión, cuando "lo aplauden" en otras comunidades, como Castilla La Mancha o Baleares.