Colectivos sociales claman por un centro de inclusión
Acampada reivindicativa para exigir la instalación de un centro de emergencia para personas sin techo
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Una muestra de solidaridad con los indigentes y un acto reivindicativo para que los políticos se pondan de acuerdo y creen de una vez por todas un centro de inclusión social en Vigo. Horas después de que la delegada de la Xunta anunciara la construcción de una escuela infantil en "La Gota de Leche", un nutrido grupo de personas permanecían a la intemperie, en tiendas de campaña, repartidas entre Praza do Rei y frente al edificio de la Xunta (donde permanecerán hasta hoy a las 13 horas) para reclamar un centro de emergencia. La Red Social Galicia Sur reunió a decenas de ciudadanos (400 según la organización) en una concentración pacífica en el hogar San Pelayo, donde se leyó un manifiesto. "Tanto el gobierno local como el autonómico son los responsables de que a día de hoy los 300 sin techo que deambulan por las calles de Vigo non tengan un lugar donde refugiarse", señaló la portavoz de la Red, Juncal Blanco.
La decisión anunciada por la Xunta ha caído como una jarro de agua fría entre los colectivos sociales. Aunque aseguran que no tienen preferencia por una ubicación en concreto para el albergue, matizan que "el Hogar San Pelayo está acondicionado para este uso y siempre ha estado habilitado como residencia. No entendemos la respuesta del Gobierno gallego". La Red Social Galicia Sur no se rendirá y continuará reclamando "la inmediata apertura del centro de inclusión", un compromiso adquirido desde el año 2004 por ambas administraciones. "No se puede permitir que se siga negociando con la pobreza", reprochan, al tiempo que califican el albergue como una "deuda histórica" en la ciudad de Vigo.
Medida provisional
En relación a las veinte plazas que el Ejecutivo autonómico habilitará a principios de diciembre en el centro religioso de los Misioneros del Silencio (en Marqués de Valterra), la Red señala que el albergue definitivo "debe ser de titularidad pública porque las administraciones tienen la responsabilidad de garantizar la articulación de políticas sociales que tengan por objeto reducir los riesgos vitales que genera una sociedad en la que no todas las personas tienen el mismo nivel de oportunidades". En definitiva, exige "más voluntad política y menos intereses partidistas".
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